Femicidio de Agostina Vega: elevan a juicio la causa
La Justicia de Córdoba clausuró la instrucción penal por el femicidio de Agostina Vega y enviará al banquillo al presunto autor y a cinco encubridores.
El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y desmembrada a fines de mayo en la ciudad de Córdoba, entra en su etapa decisiva tras la resolución del fiscal de instrucción Raúl Garzón, quien dio por concluida la pesquisa preparatoria y formuló el requerimiento de elevación a juicio. La medida alcanza como autor material a Claudio Gabriel Barrelier bajo imputaciones que prevén la pena de prisión perpetua, mientras que otros cinco individuos deberán responder ante un tribunal técnico acusados de haber orquestado una compleja maniobra de encubrimiento agravado para hacer desaparecer los restos de la víctima y desviar la atención de los peritos policiales.
La acusación fiscal y los cargos procesales
El dictamen judicial atribuye formalmente a Claudio Gabriel Barrelier la presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado en concurso real con homicidio triplemente calificado: por mediar alevosía, por el concurso premeditado y criminis causa para procurar su impunidad, y por haber sido cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género (femicidio de Agostina Vega). La gravedad de la calificación penal no contempla alternativas de excarcelación en caso de condena en debate oral.
En la misma resolución, el Ministerio Público Fiscal requirió el juzgamiento de Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Marianela Soledad Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz. Los cinco involucrados enfrentan acusaciones formales por encubrimiento doblemente agravado, al considerar probado con grado de probabilidad certero que prestaron auxilio logístico y material al principal sospechoso, alterando la escena del suceso, participando en la manipulación del cuerpo y ocultando rastros biológicos de fundamental importancia forense.
De manera complementaria, el fiscal Garzón acumuló en el mismo expediente y elevó al estrado un hecho pretérito instruido a fines de 2025 contra el propio Barrelier, caratulado como privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual contra otra mujer, precedente que acentuó el perfil criminológico del imputado.
Reconstrucción del crimen en barrio Cofico
La hipótesis plasmada en la requisitoria reconstruye cronológicamente las últimas horas de la joven de 14 años. Según el dictamen, Agostina ingresó engañada por el acusado a la finca de calle Juan del Campillo 878, en el tradicional barrio Cofico, a las 22.55 del sábado 23 de mayo.
En el interior de esa propiedad, la menor fue sometida sexualmente y ultimada mediante asfixia mecánica durante las primeras horas de la madrugada del domingo 24. Con posterioridad a la muerte, el cuerpo fue sometido a mutilaciones deliberadas y resguardado durante varias horas dentro del inmueble —con indicios concluyentes de haber permanecido confinado en un freezer doméstico— a la espera de condiciones propicias para su traslado.
El descarte del cadáver tuvo lugar hacia un sector despoblado y descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en la periferia sudeste de la capital cordobesa. Para consumar la operación clandestina se empleó un automóvil Ford Ka de color negro, vehículo registrado en diversas filmaciones urbanas. El hallazgo de los restos humanos se concretó finalmente el 30 de mayo, movilizando un amplio operativo policial y pericial que destapó la trama.
Rigor científico y evidencia recolectada
Voceros vinculados al caso caracterizaron el proceso instructorio como una tarea basada en la rigurosidad pericial y de alto contenido científico, aspecto que permitió sustentar la acusación en un plazo acotado de investigación. Entre las pruebas determinantes figuran cotejos positivos de ADN obtenidos a partir del material genético rescatado en el inmueble del imputado.
Asimismo, las inspecciones oculares auxiliadas con reactivo de luminol revelaron patrones hemáticos lavados en pisos y muros de la vivienda de barrio Cofico, derribando cualquier versión exculpatoria del sospechoso. A este cuadro biológico se sumaron los registros fílmicos de domos de seguridad públicos y privados, los cuales documentaron de modo incuestionable el ingreso de Agostina junto a Barrelier la noche del sábado, sin que existiera constancia posterior de una salida con vida de la menor por sus propios medios.
Pese a cerrar la fase central del homicidio, Garzón notificó que desglosará actuaciones conexas para indagar de forma independiente otros posibles delitos conexos detectados durante las pericias telefónicas y allanamientos.
Divisiones y posturas en las querellas
La clausura del sumario penal abrió un abanico de opiniones encontradas entre las partes intervinientes. En la vereda defensiva, Eduardo Medina Allende, abogado patrocinante de Osvaldo Fassetta, calificó el dictamen como apresurado e incompleto, objetando la ausencia de medidas complementarias: «Es un papelón; hay un montón de cosas que con este apuro no se van a aclarar nunca».
Por su parte, la representación letrada de los familiares de la víctima mostró divergencias de criterio. Fernanda Alaniz, apoderada de Gabriel Vega, padre de la joven, cuestionó la elevación por considerar que la causa debió profundizarse antes de ir a juicio. La profesional reclamó la imputación y detención de Viviana Brizuela, progenitora de Barrelier, y de un allegado apodado «tele vieja», sindicados por la querella como partícipes primarios del encubrimiento.
En contraste, el doctor Carlos Nayi, quien representa a la madre de la menor, Melisa Heredia, y a sus abuelos, celebró el paso procesal. «Se confirman las hipótesis que la querella anticipó desde el minuto inicial», aseguró el letrado, al tiempo que definió a Barrelier como «el jefe de una banda» secundado por una red operativa de cómplices, anticipando que exigirá la pena máxima en el plenario.
La causa por el femicidio de Agostina Vega queda a la espera de la designación de la Cámara del Crimen y el jurado popular que juzgará los hechos en Córdoba. El proceso judicial buscará dilucidar el entramado de encubrimiento y determinar las responsabilidades penales de quienes participaron en el crimen que conmocionó a la provincia.
