Trabajadoras de casas particulares: 30.000 empleos menos

El empleo registrado de trabajadoras de casas particulares sufrió un fuerte retroceso en Argentina al perderse 30.133 puestos formales entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. La contracción del poder adquisitivo de los hogares de clase media y trabajadora obligó a miles de familias a prescindir del personal doméstico o recortar drásticamente sus horarios de contratación. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la masa de asalariadas registradas se redujo de 629.660 a 599.527 operarias, lo que equivale a la desaparición sistemática de más de 33 empleos formales diarios en el sector.

El impacto del ajuste en los hogares

La dinámica contractiva del empleo de trabajadoras de casas particulares responde de manera directa al deterioro del presupuesto doméstico de sus empleadores. Al tratarse de un servicio financiado íntegramente por los ingresos de otras familias asalariadas y profesionales, cualquier caída en el salario real de la clase media se traslada de inmediato a este eslabón. La aceleración inflacionaria, combinada con el congelamiento relativo de ingresos y el aumento en tarifas y servicios esenciales, generó una ola de despidos y rescisiones de contratos en los principales centros urbanos del país.

Para los hogares empleadores, prescindir de este servicio representó una de las primeras medidas de contingencia para equilibrar gastos mensuales. Sin embargo, para el eslabón más vulnerable de la cadena laboral, la pérdida del empleo formal significa el paso inmediato a la desprotección absoluta o a la exclusión total del circuito de ingresos regulares.

Crecimiento de la informalidad y precarización

El trabajo en casas particulares se mantiene históricamente como una de las ramas con mayor grado de vulnerabilidad de la estructura económica argentina. Datos procesados por la organización EcoFeminita, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, revelan que el 77,5% de las trabajadoras de casas particulares no realiza aportes al sistema jubilatorio ni cuenta con cobertura formal.

Este nivel de informalidad implica que casi ocho de cada diez trabajadoras carecen de acceso a obra social, licencias pagas por enfermedad, vacaciones reglamentarias, indemnización ante despidos y sueldo anual complementario. La destrucción del empleo registrado no solo engrosa las listas de desocupación, sino que empuja a un porcentaje significativo de empleadas hacia la clandestinidad contractual, aceptando condiciones salariales por debajo de los convenios fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Subocupación horaria y pérdida del poder adquisitivo

La crisis del sector no se manifiesta únicamente a través de las cesantías directas, sino también mediante el subempleo involuntario. La reducción unilateral de la jornada laboral se transformó en el mecanismo predominante utilizado por los hogares para amortiguar los costos de mantenimiento del servicio. Si bien algo más del 50% de las operarias cumple jornadas habituales de entre 35 y 45 horas semanales, cerca de un tercio del total se encuentra actualmente en situación de subocupación demandante, necesitando trabajar más horas para alcanzar un piso mínimo de subsistencia.

En el plano salarial, el ingreso promedio mensual del sector se ubica en $338.700, con una mediana aún más alarmante: el 50% de las trabajadoras percibe remuneraciones inferiores a los $300.000 mensuales. La gravedad socioeconómica de estos montos se magnifica al constatar que casi cuatro de cada diez empleadas domésticas constituyen el principal sostén económico de sus respectivos grupos familiares, manteniendo a hijos y adultos mayores a cargo con ingresos que se sitúan ampliamente por debajo de la línea de pobreza.

La demanda gremial frente a la falta de políticas

Las representaciones sindicales han denunciado con insistencia la ausencia de medidas gubernamentales orientadas a preservar los puestos de trabajo y fiscalizar la registración. Ana Altamirano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SINPECAF), remarcó la asimetría existente entre los incrementos de precios y los ajustes salariales homologados para la actividad. La dirigente subrayó que muchas de las empleadas son trabajadoras al servicio de otros asalariados con ingresos deprimidos, lo que limita la capacidad de negociación paritaria e impide recuperar el poder de compra perdido.

Desde el sector gremial se advierte además sobre el abandono de los programas estatales de incentivo y subsidio cruzado que en años previos fomentaron la formalización mediante el alivio de cargas sociales patronales. La falta de mecanismos de estímulo a la registración consolida un escenario de precarización estructural en el que la variable de ajuste recae sobre las trabajadoras con menores herramientas de defensa económica.

La pérdida sostenida de puestos de trabajo entre las trabajadoras de casas particulares expone las consecuencias más profundas del reordenamiento económico. Sin políticas públicas focalizadas en la formalización ni herramientas de sostenimiento para los ingresos familiares, la actividad doméstica profundiza su vulnerabilidad histórica, relegando a cientos de miles de mujeres a la informalidad y la desprotección previsional.