La ONU adoptó un histórico tratado para proteger la vida en los océanos
«El océano es la fuerza vital de nuestro planeta. Hoy le han insuflado una nueva esperanza», expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aunque recordó que el trabajo «todavía no ha concluido». El acuerdo crea un marco legal para extender las franjas de protecciones ambientales hacia aguas internacionales, que abarcan más del 60% de los océanos del mundo.
Los estados miembros de la ONU aprobaron este lunes el primer tratado para proteger la altamar, un acuerdo esencial para preservar la vida y la salud de los océanos, vitales para la humanidad. «El acuerdo ha sido adoptado», declaró en medio de aplausos la presidenta de la conferencia, Rena Lee.
«El océano es la fuerza vital de nuestro planeta. Hoy le han insuflado una nueva vida y una nueva esperanza para que tenga una posibilidad de luchar», dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que saludó un «logro histórico», aunque recordó que el trabajo «todavía no ha concluido».
«Les insto a que no escatimen esfuerzos para que el acuerdo entre en vigor», agregó según declaraciones levantadas por la agencia AFP.
Al respecto, fuentes oficiales de la Cancillería argentina destacaron a Télam que «este avance constituye un enorme logro para el multilateralismo en sus esfuerzos para enfrentar los desafíos que representa la preservación de la salud de los océanos para las generaciones presentes y futuras».
«La Argentina participó activamente de las negociaciones, ratificando su firme compromiso con la protección y uso sostenible de los océanos y con las acciones que lleva a cabo como Estado ribereño en miras de ese objetivo», señalaron.
Volviendo al plano internacional del tratado, Rusia -por su parte- tomó sus «distancias» del consenso logrado al calificar algunas partes del texto como «totalmente inaceptables».
Para el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, el texto adoptado es «esencial para la gobernanza oceánica, basada en la justicia y la inclusión», mientras que para Venezuela se trata de una «victoria para los países y los pueblos del sur». Para México, en tanto, significa un «compromiso por el estado de derecho internacional». El diplomático cubano Yuri Gala López, que habló en nombre del Grupo de los 77 más China, resaltó la «batalla» que libraron los países del sur para incluir algunos aspectos claves del acuerdo, finalizado en marzo tras más de 15 años de negociaciones.
El acuerdo crea un marco legal para extender las franjas de protecciones ambientales hacia aguas internacionales, que abarcan más del 60% de los océanos del mundo.
Para Liz Karan, de la ONG Pew Charitable Trusts, la adopción del tratado «fija una hoja de ruta para los pasos siguientes».
Los océanos producen mucho del oxígeno que se respira, limitan el cambio climático absorbiendo CO2 y albergan zonas muy ricas en biodiversidad, incluso a niveles microscópicos.
«Océanos sanos, desde aguas costeras hasta áreas de fondos marinos profundos y la altamar remota son parte integral de la salud, el bienestar y la supervivencia humana», abogó recientemente un grupo de científicos en la publicación The Lancet.
Pero con buena parte de los océanos del mundo fuera de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los países, y por tanto de la jurisdicción de cada estado, crear una protección para la altamar requería de la cooperación internacional.
Aunque la altamar representa cerca de la mitad del planeta, fue ignorada por mucho tiempo en las luchas medioambientales, que pusieron los reflectores en las áreas costeras y en algunas especies emblemáticas. Una herramienta clave del tratado será la capacidad de crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales.
Actualmente solo alrededor del 1% de la altamar está protegida por alguna clase de medida de conservación.El tratado es considerado esencial para que los países protejan el 30% de la tierra y de los océanos del mundo para 2030, como acordaron los gobiernos del planeta en un acuerdo firmado en Montreal, Canadá, en diciembre. Oficialmente conocido como el tratado de «Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional», también introduce requisitos para llevar a cabo estudios de impacto medioambiental para actividades que se planeen en aguas internacionales.
Si bien dichas actividades no están especificadas en el texto, incluirían desde pesca y transporte marítimos hasta objetivos más polémicos como la minería en áreas profundas o incluso programas de geoingeniería que buscan combatir el calentamiento global.
El tratado establece, también, los principios para compartir los beneficios de los recursos marinos genéticos procedentes de la altamar, obtenidos en expediciones e investigaciones en aguas internacionales, un punto que casi hace fracasar las negociaciones de último minuto, en el pasado mes de marzo.
Los países en desarrollo, que a menudo no tienen medios para financiar investigaciones costosas, lucharon para no verse privados de su parte de estos beneficios que muchos ven como un gran mercado a futuro, en especial en la búsqueda de «moléculas milagrosas» por parte de compañías farmacéuticas y cosméticas.
Tras su adopción formal, ahora el tema queda en manos de los países que podrán firmarlo y ratificarlo a partir del 20 de septiembre, e informaron que serán necesarias 60 ratificaciones para su entrada en vigor.
Las ONG se muestran confiadas, ya que la coalición de países por este tratado suma medio centenar de países, entre ellos la Unión Europea, Chile, México, India y Japón.
Principales herramientas del nuevo tratado
El tratado, que prevé una serie de herramientas y puntos de coincidencia para la conservación y gestión sostenible de la biodiversidad marina y que podrá empezar a ser firmado por los estados desde el próximo 20 de septiembre, entrará en vigor 120 días después de que lo hayan ratificado 60 países. Estos son sus puntos clave:
➤ Altamar y fondos marinos: El objetivo principal es la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, tanto ahora como a largo plazo, en las zonas que no pertenecen a nadie.
El texto se aplicará sobre altamar -la parte de los océanos fuera de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los estados-, que cubren un máximo de 200 millas náuticas (370 km) de las costas, los fondos marinos y el subsuelo situado fuera de las jurisdicciones nacionales, denominadas «la Zona».
➤ Océano «troceado»: Con el fin de hacer cumplir sus decisiones, la futura Conferencia de las Partes (COP, órgano de decisión que reunirá a los estados firmantes), tendrá que coordinar con otras organizaciones mundiales y regionales que actualmente tienen poder en partes (o trozos) del océano.
En particular, las organizaciones regionales de pesca y la Autoridad Internacional de Fondos Marinos que otorga actualmente permisos de exploración minera en algunos puntos precisos y que en un futuro pueden pasar al estadio de explotación.
➤ Zonas marinas protegidas: El punto más emblemático del tratado es la creación de zonas marinas protegidas en aguas internacionales, como las que actualmente existen en las aguas territoriales.
Respaldada por la ciencia, la COP, a propuesta de uno o varios estados, podrá crear santuarios en zonas determinadas, particularmente frágiles o importantes para especies marinas en peligro. El tratado no precisa cómo llevar a cabo medidas de protección de estas ingentes extensiones alejadas de tierra firme, lo que queda en manos de la COP.
Algunos expertos esperan que se recurra a los satélites para vigilar e identificar a los infractores. Cada estado es responsable de las actividades sobre las que tiene jurisdicción incluso en altamar, como en el caso de los barcos con bandera del país.
➤ Recursos genéticos marinos: Cada estado, marítimo o no, y cualquier entidad bajo su jurisdicción, podrá recolectar en altamar vegetales, animales o microbios, cuyo material genético podrá ser utilizado, incluso comercialmente, por empresas farmacéuticas u otras que esperan descubrir moléculas milagrosas.
Para que los países en desarrollo, que no tienen medios para financiar estas costosas investigaciones, no se vean privados de su parte en la torta que no pertenece a nadie, el tratado prevé el principio de compartir de forma «justa y equitativa las ventajas» que ofrecen los recursos genéticos marinos.
El texto prevé compartir los recursos científicos (muestras, datos genéticos en una «plataforma de libre acceso», transferencias de tecnología a los países en desarrollo…) y eventuales beneficios financieros.
➤ Estudios de impacto: Antes de autorizar cualquier actividad en altamar realizada bajo su control, los países deberán estudiar las potenciales consecuencias para el entorno marino. Si un estado considera que una actividad prevista en sus aguas nacionales pueda afectar la altamar de manera sustancial, también debe realizar este tipo de estudios.
En todos los casos, serán los estados en cuestión los responsables de decidir si la actividad contemplada está autorizada, aunque las ONG esperan que la COP sea la que decida, para que la autorización no resulte tan sencilla.
El tratado obliga, no obstante, a los estados responsables a publicar regularmente una evaluación de los impactos y la posibilidad de cuestionar la autorización de una actividad si surgen impactos negativos no previstos.
