La Educación Sexual Integral y la deuda social:
La ley de Educación sexual integral (ESI) Ley 26.150, sancionada en 2006 resultó un gran avance en tanto cambio de paradigma para las generaciones venideras, sin embargo, a 13 años de su sanción no ha alcanzado su pleno funcionamiento e incluso en estos últimos años, se ha visto seriamente amenazada por las políticas de ajuste del gobierno de la coalición Cambiemos.
Pensada como el derecho de todo el estudiantado a un espacio de enseñanza a implementarse en toda institución educativa, pública y privada, la ESI representa un salto de calidad porque por primera vez, pone de manifiesto y lleva al plano explicito la discusión de la Educación Sexual, dejando el tabú y adoptando una perspectiva en el marco de los derechos, promoviendo una visión integral de la educación sexual y una perspectiva desde el cuidado.
En tal sentido y junto a otras normativas, como por ejemplo la Ley de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, también por primera vez pone de relieve a les niñez y adolescentes como sujetos de derecho y entiende la sexualidad de manera integral, no como un acto de reproducción como planteaba el viejo paradigma, sino con la integralidad de entender la sexualidad desde los sentires, fantasías, emociones, desde la identidad de género como una construcción.
La visión integral y la importancia de la Ley radica en que su contenido abarca cinco cuestiones fundamentales: el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto a la diversidad, el valor de la afectividad, la garantía de la equidad de género y el ejercicio de derechos.
La ESI se alza como un conjunto de herramientas para ser desarrolladas con obligatoriedad dentro del ámbito educativo formal, pero lo cierto es que desde su sanción en 2006 y fundamentalmente desde hace cuatro años a esta parte, nunca ha llegado a su pleno funcionamiento.
La crisis social y la falta de políticas públicas
La crisis social y política, ligada a los sucesivos ajustes en el Estado, han puesto en jaque, no solamente la aplicación de la Ley en los ámbitos educativos, sino también las políticas de salud tendientes a sostener y apoyar los planes de salud reproductiva y procreación responsable en la población entera.
Según un estudio realizado en 2016, a 10 años de la sanción de la ESI, en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires un 31% -uno de cada tres estudiantes- no recibió educación sexual, y quienes sí tuvieron ESI solo lo hicieron dos horas al año. Una encuesta más reciente reveló que sólo 2 de cada 10 alumnos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires recibieron contenidos vinculados a la educación sexual y en las pocas instituciones donde sí se dicta se aborda la temática desde una perspectiva biologicista, omitiendo una crítica a las relaciones sociales subyacentes que son la razón de fondo que determinan la naturaleza discriminadora y opresora que adquiere la sexualidad en la actual sociedad.
En otro orden pero en el mismo sentido, la degradación del Ministerio de Salud, la baja de presupuestos sucesivos en la implementación de capacitaciones así también como la disminución de las mismas, es una muestra más de la poca importancia que la administración “Cambiemos”, ha dado a la temática.
Tal es así, que según un estudio de nuestro IDEP Salud para Agosto de 2019 el programa de desarrollo de salud sexual y procreación responsable apenas se había ejecutado en un 28.4 por ciento, y el programa de desarrollo contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual e Infectocontagiosas incluso se encontraba en niveles más bajos de ejecución, con un 18 por ciento.
Las capacitaciones de salud sexual y reproductiva también se redujeron un 45 por ciento durante la gestión Cambiemos. El recorte más importante se produjo en los talleres de educación sexual para estudiantes que pasaron de 69 a 2. El total de las capacitaciones pasaron de 162 a 93.
La entrega de métodos anticonceptivos en instituciones públicas, tampoco mejora su promedio, luego de una caída estrepitosa durante 2016 que cubrió solamente el 24.5 por ciento de la población en acceso a métodos de anticoncepción gratuitos, el número fue recuperándose pero nunca alcanzó al promedio de 2015.
En este sentido, las leyes que apuntan a la Educación Sexual Integral y promueven la salud sexual y procreación responsable, todavía representan una deuda en tanto su implementación. El ajuste y el recorte de políticas públicas afectó en el Estado de forma exponencial, a la salud y a la educación, que sumado a la ciencia y a la tecnología han dejado cientos de programas públicos sin posibilidad de ejecución, que en este caso ponen en riesgo la proliferación de enfermedades de transmisión sexual y el aumento de embarazos no deseados en miles de adolescentes.
