Pobreza en Argentina: el aumento del índice según el INDEC desmiente el relato oficial

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la pobreza alcanzó al 30% de la población argentina durante el primer trimestre del año. El dato oficial, que representa un incremento de más de tres puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre del año anterior, expone una distancia insalvable entre las estadísticas técnicas y el discurso del presidente Javier Milei, quien sostiene haber rescatado a 15 millones de personas de la vulnerabilidad social. La evidencia cuantitativa demuestra que el plan de ajuste macroeconómico continúa impactando con mayor severidad en los sectores de menores ingresos.

El origen de la discrepancia entre el dato y el discurso

La narrativa promovida por el Poder Ejecutivo encuentra su pilar en una manipulación del punto de comparación estadístico. Para sostener la idea de una reducción drástica de la vulnerabilidad, la gestión actual toma como base el primer semestre de 2024, cuando la cifra escaló al 52,9%. Sin embargo, ese pico histórico se registró cuando la administración libertaria ya llevaba más de seis meses al frente del Estado.

Al momento del traspaso de mando, en diciembre de 2023, la pobreza se situaba en el 41,7%. La diferencia de 11 puntos porcentuales generada en la primera etapa de la gestión fue consecuencia directa del shock económico, la devaluación y la quita de subsidios tarifarios.

A esta construcción discursiva se suma un factor de carácter metodológico. Hacia finales de 2024, el INDEC implementó modificaciones en el cuestionario de la EPH para capturar con mayor precisión los ingresos no laborales, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, pensiones y becas educativas. Si bien esta actualización técnica permitió transparentar la asistencia estatal, produjo una reducción mecánica en el indicador formal de la pobreza, sin que esto se tradujera en una mejora real y sostenible en el poder adquisitivo de las familias.

Las dinámicas económicas que explican el nuevo aumento

El repunte de la pobreza observado en el inicio de este período responde a factores macroeconómicos concretos. Durante un lapso prolongado, la Canasta Básica Total (CBT) avanzó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, lo que generó un alivio temporal en las mediciones. No obstante, hacia finales del año pasado esa dinámica se invirtió: los precios de los alimentos de primera necesidad comenzaron a encarecerse por encima del promedio de la inflación, empujando a miles de hogares debajo de la línea de indigencia y pobreza.

Por otro lado, la comparación entre períodos expone el peso de los ingresos estacionales. El tercer trimestre del año anterior se vio beneficiado por el cobro del medio aguinaldo, un factor que eleva de manera transitoria los ingresos familiares y suaviza las cifras oficiales. Al disiparse ese efecto en el primer trimestre, la pérdida real de la capacidad de compra quedó al descubierto.

En paralelo, las tensiones cambiarias recientes reavivaron la presión sobre la canasta alimentaria. Según los propios informes del INDEC, los salarios del sector formal han perdido de manera continuada contra la inflación, manteniendo al empleo registrado en niveles de capacidad de compra sustancialmente inferiores a los reportados en 2023.

La controversia por la actualización de la Canasta Básica

Un elemento crítico en el debate técnico sobre la medición social radica en la obsolescencia de la Canasta Básica Total. El parámetro que define la línea de pobreza en la Argentina se calcula en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) de los años 2004/2005. A pesar de que el organismo de estadística cuenta con el relevamiento actualizado de 2017/2018, la implementación de la nueva metodología fue frenada por el Ministerio de Economía, decisión que derivó en la renuncia de la cúpula directiva del INDEC.

La canasta vigente no contempla el peso real que han adquirido los servicios públicos, la telefonía móvil y la conectividad a internet en la estructura de gasto familiar moderna. Estimaciones de centros de investigación académica sostienen que, si se aplicara la canasta técnica actualizada, el ingreso mínimo requerido para una familia tipo superaría ampliamente las cifras oficiales vigentes. Esta diferencia metodológica implica que la pobreza real se ubica varios puntos porcentuales por encima de los datos que publica el Estado.

Deterioro del mercado laboral y contracción del consumo

La evolución de los indicadores de vulnerabilidad se da en un contexto de contracción sostenida de la economía real. Los registros oficiales del sistema de seguridad social ratifican la destrucción de 340.000 puestos de trabajo formal y el cierre definitivos de aproximadamente 28.000 empresas desde el inicio del proceso de reestructuración económica.

A la pérdida del empleo se suma el impacto del reajuste en las tarifas de los servicios esenciales. Los costos del transporte público, la electricidad, el gas de red y el agua potable han registrado incrementos superiores al 500% acumulado, absorbiendo una proporción inédita del ingreso de los trabajadores. Esta combinación de salarios rezagados, tarifas en alza y contracción del consumo masivo configura un escenario donde la persistencia de la pobreza estructural continúa desafiando las proyecciones y el relato del Gobierno nacional.