Uber y apps de transporte: la Justicia exige licencia profesional

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires dictó una sentencia histórica que redefine el mapa del transporte urbano. Al fallar a favor de un reclamo del Sindicato de Peones de Taxis, el tribunal estableció que los conductores de aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi deben cumplir con las mismas exigencias legales que los taxistas. Esto incluye la tramitación de una licencia profesional, la contratación de seguros de responsabilidad civil para transporte de pasajeros y el sometimiento a los controles vehiculares del Gobierno de la Ciudad.

El fin de la «economía colaborativa» como escudo legal

Durante más de una década, las empresas de transporte basadas en algoritmos operaron bajo la premisa de ser meras intermediarias tecnológicas. Sin embargo, el fallo de los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín desmanteló este argumento de forma contundente. Para la Justicia, estas plataformas integran un «servicio global de transporte», una definición que se alinea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Al ser calificadas como empresas de transporte y no simples desarrolladoras de software, la licencia profesional se vuelve una obligación ineludible. El fallo sostiene que la seguridad del pasajero no puede estar sujeta a la voluntad de una empresa privada, sino que debe ser garantizada por el Estado a través de las regulaciones que ya existen para el transporte público masivo. Esta decisión busca erradicar la competencia desleal que el sector del taxi ha denunciado sistemáticamente desde el desembarco de Uber en 2016.

Un tirón de orejas al Gobierno porteño

La sentencia no solo afecta a las corporaciones tecnológicas; también lanza una crítica severa a la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los magistrados señalaron la existencia de una «apariencia de regularidad» permitida por el Ejecutivo. Según el texto judicial, la administración porteña mantuvo una postura ambivalente: por un lado, calificaba a los servicios de las apps como clandestinos, pero por el otro, permitía su publicidad masiva en la vía pública y no aplicaba sanciones efectivas ni sistemáticas.

Esta política de tolerancia encubierta es, según los jueces, responsable de la precarización del sistema. El fallo exige ahora que la administración local inicie los procedimientos necesarios para el cobro de impuestos locales a estas firmas, asegurando que contribuyan al erario público en igualdad de condiciones con las empresas de transporte tradicionales.

Beneficios inmediatos para el sector taxista

Como medida de compensación ante años de desigualdad, la Cámara introdujo una cláusula de alivio fiscal para los taxistas. Mientras el Gobierno de la Ciudad no logre implementar plenamente la regulación y equiparación de las plataformas digitales, quedará suspendido el cobro de aranceles administrativos relacionados con la renovación de licencias y trámites de operación para los titulares de taxis.

La lógica es simple: el Estado no puede exigir pagos y cumplimientos estrictos a un sector regulado mientras permite que su competencia directa opere por fuera de la norma. Esta «exención temporal» busca equilibrar la balanza de costos operativos que, hasta hoy, inclinaba la rentabilidad a favor de las aplicaciones móviles debido a su menor carga burocrática y tributaria.

El desafío de la implementación y la ley pendiente

Si bien el fallo representa una victoria judicial para los trabajadores del volante, la implementación técnica abre nuevos interrogantes. La Ciudad deberá ahora fiscalizar a miles de conductores privados que utilizan sus vehículos particulares para el transporte de pasajeros. La exigencia de la licencia profesional (Clase D) implica exámenes físicos, psicológicos y de conducción más rigurosos, lo que podría reducir drásticamente la oferta de autos disponibles en las aplicaciones a corto plazo.

Finalmente, el tribunal recordó que la resolución de este conflicto requiere una respuesta política. La Legislatura porteña tiene la deuda histórica de sancionar una ley integral que regule las nuevas modalidades de movilidad. Hasta que ese marco normativo llegue, la Justicia ha dejado claro que la tecnología no es una excusa para evadir la ley, y que en las calles de Buenos Aires, el transporte de personas es una actividad regulada que exige idoneidad y responsabilidad.