El ajuste estatal de Milei: 61.000 despidos y un sector privado que no absorbe la demanda

Un recorte histórico en la administración pública

La administración de Javier Milei ha alcanzado récords inéditos en materia de reducción de la planta estatal. Según datos oficiales publicados recientemente por el INDEC, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado pasó de 341.000 a 280.000 trabajadores. Esta contracción de 61.000 puestos representa una disminución cercana al 20% de la fuerza laboral pública en poco más de dos años.

El ritmo del ajuste ha sido constante, manteniendo un promedio sostenido de más de 2.000 despidos mensuales. Sin embargo, la cronología del recorte muestra picos de intensidad vinculados a los vencimientos de contratos trimestrales y planes de retiro voluntario, registrándose el mayor impacto en enero de 2024, con la eliminación de 7.700 puestos en un solo mes.

El mito del traspaso al sector privado

La narrativa oficial del Gobierno sostiene que el achicamiento del Estado es una condición necesaria para liberar recursos y permitir el crecimiento del sector privado. No obstante, las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contradicen esta premisa. Lejos de absorber a los trabajadores cesanteados por el Estado, el sector privado formal perdió 203.000 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y enero de 2026.

Este fenómeno de destrucción de empleo en ambos frentes responde, según informes industriales, a una combinación de caída estrepitosa del consumo interno y una política comercial que favorece la importación sobre la manufactura local. En este escenario, la «fuerza laboral liberada» por el ajuste estatal se desplaza mayoritariamente hacia la desocupación o la informalidad, ante un mercado privado que muestra signos de agotamiento estructural.

Sectores más afectados: del INADI al sistema ferroviario

El desglose del informe «Dotación de personal» revela que el ajuste no ha sido uniforme, golpeando con mayor saña a los organismos descentralizados y a las empresas públicas.

• Organismos Descentralizados: Sufrieron un recorte del 34%, lo que implica la baja de 43.267 trabajadores. Entidades como el INADI, el INAFCI (Agricultura Familiar) y la ANDIS (Discapacidad) han sido virtualmente desarticuladas.

• Ministerios y Secretarías: Registraron una caída del 24% (15.513 puestos).

• Empresas del Estado: La reducción fue del 20% (21.980 trabajadores), con un foco especial en áreas vinculadas al transporte, como el sistema ferroviario y la Administración General de Puertos, áreas bajo procesos de privatización o cierre.

Incluso sectores tradicionalmente más protegidos o sensibles registraron bajas significativas: el CONICET redujo su planta un 8%, la Fuerza Aérea un 7% y el PAMI un 6%.

El rol de los sindicatos ante el ajuste

Este escenario de contracción ha forzado un cambio de paradigma en la estrategia de las centrales obreras. Desde la CGT admiten que las prioridades han virado drásticamente. En la actualidad, el foco de las gestiones gremiales ya no está puesto en la reactivación de la actividad o la mejora de condiciones laborales, sino en la fase de contingencia: asegurar el cumplimiento del 100% de las indemnizaciones para los miles de trabajadores que son cesanteados cada mes.

Conclusión

El proceso de ajuste impulsado por Javier Milei ha logrado su objetivo de achicar la estructura del Estado a una velocidad récord, pero los costos sociales y económicos comienzan a emerger con nitidez. La falta de un sector privado dinámico capaz de compensar la caída del empleo público deja al descubierto una crisis de ingresos que retroalimenta la recesión. Mientras el Gobierno celebra la baja del gasto primario, la realidad del mercado laboral argentino muestra una contracción simultánea en todos sus frentes, redefiniendo las prioridades de la política y el sindicalismo hacia la contención de los daños derivados de la desocupación.