Caso Barreda: excluyen a parientes de la expropiación
A 34 años del cuádruple femicidio, la justicia excluyó a dos parientes de la expropiación de la emblemática casona del caso Barreda en La Plata.
Al cumplirse treinta y cuatro años del trágico cuádruple femicidio perpetrado por el odontólogo Ricardo Barreda, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata emitió un revés judicial clave al revocar el fallo de primera instancia que permitía a dos parientes de la víctima intervenir formalmente en el proceso de expropiación de la histórica casona platense, un inmueble cargado de un profundo simbolismo criminal.
Un revés judicial que frena pretensiones hereditarias
El tribunal de alzada, integrado por los magistrados Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, hizo lugar de forma íntegra al recurso presentado por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires. De este modo, la resolución judicial revirtió el criterio adoptado en abril de 2025 por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata, el cual había aceptado inicialmente las presentaciones formuladas por Mariana y Tomás Arreche.
Los jueces fundamentaron la exclusión en la normativa civil vigente, determinando que ambos recurrentes no ostentan la condición de sucesores o continuadores legítimos de Gladys Elena Margarita Mac Donald —esposa de Barreda y una de las víctimas fatales del ataque—. El vínculo invocado por los parientes se situaba en un quinto y sexto grado de parentesco, una distancia legal muy superior al límite establecido por la legislación sucesoria para habilitar la transmisión de derechos hereditarios sobre los bienes en litigio. Con esta decisión, los peticionantes quedaron al margen del expediente expropiatorio, clausurando sus expectativas sobre el dominio del inmueble.
La situación jurídica y el destino de la casona
La emblemática propiedad situada en la calle 48, entre 11 y 12, en pleno centro de la capital bonaerense, figura registralmente a nombre de la sociedad dominial conformada por Ricardo Alberto Barreda y Gladys Mac Donald. El proceso de expropiación directa sobre el solar fue formalmente iniciado por el Estado provincial en el año 2013, impulsado por la necesidad social y política de despojar al inmueble de su lóbrega historia para resignificarlo institucionalmente.
Durante años, la vivienda permaneció en estado de total abandono, convirtiéndose en objeto de curiosidad morbosa y deterioro edilicio. Recién en etapas previas se procedió a la declaración de abandono formal y al retiro de los bienes muebles que aún permanecían en su interior, incluidos los recordados vehículos clásicos vinculados al odontólogo. El objetivo declarado del Ejecutivo provincial consiste en destinar el solar a la creación de un centro especializado en la prevención y asistencia integral a víctimas de violencia de género, transformando el escenario del horror en un espacio activo de contención estatal.
A 34 años de una masacre que conmocionó al país
La resolución de la Cámara Contencioso Administrativa coincide casi matemáticamente con un nuevo aniversario del fatídico mediodía del 15 de noviembre de 1992, fecha en que la sociedad argentina quedó paralizada por la magnitud de la masacre perpetrada en ese domicilio. En aquella oportunidad, tras una discusión familiar, Ricardo Barreda tomó una escopeta calibre 16 y abrió fuego letal contra su esposa Gladys (57) y su hija menor, Adriana (24), en el ámbito de la cocina.
Posteriormente, el femicida ascendió a la planta alta de la casona para ultimara su suegra, Elena Arreche (86), y culminó el raid criminal atacando a su hija mayor, Cecilia (26), cuando esta descendía por las escaleras. En un intento desesperado por eludir la acción de la justicia, Barreda montó una simulación de robo, descartó el arma homicida en un curso de agua en la zona de Punta Lara y se dirigió a un hotel alojamiento junto a su amante, antes de regresar por la noche para escenificar la falsa sorpresa y dar aviso a las autoridades policiales.
Conclusión
El fallo dictado en este trigésimo cuarto aniversario no solo sella una disputa procesal en torno a los derechos sucesorios, sino que despeja el camino administrativo para que la Provincia de Buenos Aires consolide la titularidad definitiva de la propiedad. De este modo, la justicia provincial avanza en la clausura definitiva de un expediente dominial complejo, permitiendo que la memoria histórica del caso dé paso a una política pública orientada a la protección y defensa de las mujeres.
