Jubilados en Argentina: crecen el desempleo y las changas

Los jubilados en Argentina enfrentan un deterioro crítico en sus ingresos que los empuja a reinsertarse de forma masiva en un mercado de trabajo sumamente golpeado y en recesión. De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el «desempleo blue» o ampliado entre personas de 66 años o más alcanzó el 12,6% durante el primer trimestre de 2026, marcando el nivel más alto registrado desde 2017. En términos absolutos, la combinación entre la desocupación formal y los adultos mayores que realizan changas precarias sin cobertura social abarca a un total estimado de 68.700 personas que buscan activamente una fuente de ingresos para poder subsistir.

La anatomía del desempleo ampliado en la tercera edad

El indicador elaborado por el centro de estudios introduce la noción de desocupado ampliado para visibilizar a un segmento etario que tradicionalmente quedaba fuera de las estadísticas clásicas de empleo. Esta categoría agrupa a los adultos mayores que cumplen de manera simultánea con tres condiciones: sostienen una búsqueda laboral activa, declararon haber trabajado pocas o ninguna hora durante la última semana relevada, y aquellas labores que desempeñaron corresponden a la informalidad más absoluta.

La tipificación técnica de «trabajador desprotegido» elaborada por el instituto contempla a quienes no perciben aportes patronales ni jubilatorios, carecen de antigüedad, no ejercen funciones de empleadores, no están insertos en tareas profesionales de consultoría o desarrollo para el exterior, y no cuentan con capital propio ni integran estructuras productivas consolidadas. Se trata, fundamentalmente, de changas y servicios eventuales mal pagos.

El salto de la informalidad laboral y las changas de supervivencia

La comparación interanual expone con crudeza la velocidad del deterioro socioeconómico. Si se analiza exclusivamente el universo de jubilados en Argentina con empleo desprotegido, la tasa saltó del 3,8% en el primer trimestre de 2025 al 7,7% en el mismo tramo de 2026.

Este incremento porcentual representa la incorporación neta de más de 22.000 adultos mayores a tareas de subsistencia no registradas:

• Primer trimestre de 2025: Se contabilizaban aproximadamente 19.700 adultos mayores bajo esquemas desprotegidos.

• Primer trimestre de 2026: El universo creció hasta alcanzar los 42.000 individuos en los principales aglomerados urbanos del país.

Candelaria Rueda, investigadora del IAG, remarcó que, dado que la muestra censal de la EPH se proyecta sobre una población de 30 millones de habitantes en centros urbanos, la cifra consolidada a escala federal es sensiblemente mayor al proyectar el interior profundo del país.

La brecha asfixiante entre el haber mínimo y la canasta básica

El motivo central que fuerza a los adultos mayores a volver a ofrecer su fuerza de trabajo reside en el desfasaje entre las prestaciones previsionales y el costo real de vida. El ajuste en el gasto social aplicado por la administración nacional recortó sustancialmente la capacidad adquisitiva de la clase pasiva.

Los números confirman la magnitud de la asimetría:

• Canasta básica del adulto mayor: Registró un valor de $1.824.682 para cubrir alimentos, medicamentos, vivienda y servicios esenciales.

• Haber mínimo garantizado: Se ubica en $369.672,3, que asciende a $439.672,3 al sumarse el bono extraordinario de $70.000.

Con más de cuatro millones y medio de personas percibiendo el haber básico congelado o con actualizaciones que corren por detrás del costo de vida, la cobertura previsional apenas cubre una cuarta parte de los requerimientos mínimos de supervivencia, hundiendo a amplias capas del sector en la precariedad extrema.

Un mercado de trabajo bajo estrés estructural y recesión

La afluencia de adultos mayores al mercado ocurre en una coyuntura laboral fuertemente debilitada. El aparato productivo no solo no logra absorber a los jóvenes que anualmente se incorporan a la población económicamente activa, sino que continúa destruyendo puestos registrados en el sector privado formal.

A la pérdida recurrente de fuentes formales se suma la presión de aquellos empleados que buscan un segundo trabajo para compensar la caída salarial y, ahora, la oferta desesperada de miles de jubilados. Este solapamiento configura un escenario de alta tensión donde abunda la mano de obra para tareas no calificadas y caen las remuneraciones de la economía informal.

Consecuencias sociales de una crisis en desarrollo

La necesidad de postergar el retiro laboral o reingresar al mercado en condiciones desfavorables evidencia una fractura del pacto social previsional. La insuficiencia de los haberes frente a una canasta básica inalcanzable no solo vulnera el bienestar de los adultos mayores, sino que intensifica la competencia por empleos precarios, consolidando un ciclo de informalidad y empobrecimiento que desafía la estabilidad del esquema socioeconómico nacional.