Rutas nacionales en peligro: crecen los baches y accidentes

El freno generalizado a la infraestructura vial ha colocado a las rutas nacionales en una situación de vulnerabilidad extrema. El deterioro progresivo del asfalto, marcado por la proliferación de baches, cráteres y deformaciones en las calzadas, comenzó a manifestarse de manera directa en la seguridad vial de todo el país. Conductores particulares, transportistas y autoridades locales advierten sobre una combinación alarmante de daños mecánicos recurrentes, maniobras forzadas sobre banquinas de tierra y un incremento en los índices de siniestralidad, como resultado de los niveles de inversión en mantenimiento vial más bajos registrados desde el año 2002.

Un recorte presupuestario que paraliza el mantenimiento

La decisión de restringir los desembolsos para sostener el equilibrio fiscal implicó un impacto severo sobre la ejecución de los recursos asignados a las calzadas argentinas. Distintos sectores denunciaron una subejecución presupuestaria profunda en los fondos destinados originariamente al mantenimiento y la conservación de la red de caminos.

Las cifras oficiales reflejan un desfase notable en las transferencias destinadas a infraestructura vial. Un ejemplo elocuente de este escenario se observó durante mayo, cuando de una partida prevista de 450.000 millones de pesos, apenas se ejecutaron 83 millones. Esta virtual parálisis operativa deja desprovistos a los corredores interprovinciales de tareas básicas como el sellado de fisuras, la repavimentación preventiva y la señalización reglamentaria.

Las consecuencias directas de esta merma recaen tanto en los costos logísticos como en el transporte de cargas. En los principales corredores productivos, los transportistas enfrentan roturas continuas de sistemas de suspensión, neumáticos destrozados y desgastes estructurales prematuros, viéndose forzados a circular por banquinas precarias para esquivar pozos profundos.

El costo humano: 4.000 muertes en un año crítico

Más allá del impacto económico y logístico, la degradación de la cinta asfáltica tiene un costo irreparable en vidas humanas. Los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial correspondientes a 2025 contabilizaron 4.000 fallecimientos producto de siniestros viales.

Especialistas del sector señalan que, si bien la imprudencia y la velocidad son factores determinantes en los choques, la existencia de calzadas poceadas, la falta de demarcación reflectiva y el desnivel de las banquinas reducen drásticamente el margen de maniobra de los conductores ante imprevistos, transformando tramos habituales en zonas de alto riesgo de colisión frontal o vuelco.

Vaca Muerta y el caso testigo de Catriel

El impacto del deterioro se siente de manera crítica en los accesos a zonas estratégicas para la economía nacional. La localidad de Catriel, ubicada en la provincia de Río Negro y considerada la capital provincial del petróleo, constituye un caso testigo de las tensiones derivadas de este abandono. La comuna se encuentra a 150 kilómetros de los centros médicos de alta complejidad y carece de unidades de terapia intensiva o centros de diálisis, por lo que el traslado terrestre seguro resulta vital para la supervivencia de los pacientes.

La intendenta local, Daniela Salzoto, describió la calzada que atraviesa su municipio como una trampa mortal y detalló que, ante la falta de respuestas, el municipio debió costear más de 11 operativos de bacheo de emergencia con recursos propios. La jefa comunal remarcó la paradoja de que esta ruta nacional sostiene un tráfico diario de más de 200 camiones pesados que abastecen a Añelo y a la formación de Vaca Muerta, con trayectos que demandan cientos de litros de gasoil y tributan millonarias sumas en impuestos directos que no retornan en asfalto.

Salzoto afirmó que posee un relevamiento detallado de cada pozo y reclamó explicaciones sobre los 1,5 billones de pesos que permanecen subejecutados en las arcas centrales, exigiendo que se redirijan de inmediato a la reparación de las vías transitables.

Cuestionamientos al destino del impuesto a los combustibles

El debate por el estado de las rutas nacionales escaló también en el ámbito parlamentario. La senadora Ana Marks apuntó de lleno contra la reasignación de los recursos tributarios y explicó que el impuesto a los combustibles líquidos, abonado por cada usuario al cargar nafta en las estaciones de servicio, tiene por ley una afectación directa destinada a la infraestructura vial.

De acuerdo con las críticas legislativas, estos fondos tributarios se encuentran retenidos y absorbidos por la administración para exhibir superávit fiscal en lugar de volcarse al asfalto. Marks subrayó que la contracara del ahorro fiscal estatal recae sobre los intendentes que deben tapar baches con presupuestos comunales y sobre las familias que sufren la pérdida de seres queridos en siniestros viales evitables. La falta de inversión en la red vial continúa abriendo un frente de conflicto entre la contención del gasto público y la preservación de la vida en las carreteras del país.