Zorros gris pampeano, alambrados y vecinos enfrentados: el conflicto que sacude al country La Martona
La presencia de zorros grises pampeanos desató una disputa entre vecinos de La Martona, en Cañuelas. Mientras algunos reclaman su preservación, otros impulsan medidas para alejarlos, en medio del debate por el avance de las urbanizaciones sobre los ecosistemas naturales.
El avance inmobiliario sobre los ecosistemas naturales de la provincia de Buenos Aires vuelve a encender el debate sobre la convivencia entre el desarrollo urbano y la fauna autóctona. En el barrio cerrado La Martona, ubicado en el partido de Cañuelas, la presencia del zorro gris pampeano generó una fuerte división entre los propietarios, divididos entre quienes defienden su preservación y quienes exigen su expulsión mediante medidas impulsadas por la administración del consorcio.
El conflicto en La Martona y el rol del consorcio
La disputa en La Martona escaló luego de que la administración del barrio cerrado, liderada por el presidente del Consorcio de Propietarios, Rubén Fontana, decidiera la instalación de un alambrado perimetral en una zona lindera al arroyo Cañuelas. Esta medida buscaba contener la circulación de los zorros grises pampeanos (Lycalopex gymnocercus), una especie nativa de la región. Sin embargo, la intervención no logró calmar los ánimos dentro de la comunidad.
Un sector de los vecinos sostiene que el alambrado es innecesario y que la aparición recurrente de los animales responde a una causa estructural: la expansión de las urbanizaciones sobre los hábitats naturales de la fauna silvestre. Desde esta perspectiva, no se trata de una invasión de los animales, sino de la ocupación humana sobre un territorio que históricamente les perteneció. Por el contrario, los propietarios que reclaman la salida de los ejemplares argumentan que su presencia afecta la tranquilidad del predio y representa una molestia cotidiana, encontrando en la administración un canal institucional para canalizar sus demandas de relocalización.
La intervención de la Fundación Awad Fauna
El debate sumó un nuevo nivel de tensión cuando la administración comenzó a evaluar alternativas de traslado con la participación de la Fundación Awad Fauna, una entidad especializada en el manejo de fauna silvestre que ya había estado en el centro de la escena mediática durante el conflicto por los carpinchos en Nordelta.
La posible contratación de esta organización encendió las alarmas de vecinos vinculados al activismo ambiental y a la protección animal. Diversos sectores cuestionan el trasfondo de la fundación, a la que acusan de operar con una lógica comercial bajo una fachada formal y sin antecedentes claros de transparencia institucional, advirtiendo que su objetivo final podría ser la erradicación definitiva de los animales en lugar de buscar esquemas de coexistencia sustentable. Hasta el momento, las autoridades del country no confirmaron de manera oficial ninguna orden de captura o traslado de los ejemplares.
Marco legal y el antecedente de Nordelta
La discusión sobre el destino de los zorros en Cañuelas choca directamente con normativas de alcance nacional y provincial. El zorro gris pampeano es una especie protegida por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, sancionada en 1981, la cual prohíbe de forma taxativa su caza, captura, tenencia como mascota y comercialización. Cualquier medida de desalojo forzoso que el consorcio intente implementar enfrenta severas restricciones legales que priorizan la preservación del patrimonio ecológico por sobre la comodidad residencial.
Este escenario repite la dinámica observada años atrás en Nordelta, Tigre, donde la irrupción de carpinchos en zonas residenciales expuso la falta de planificación ambiental en los desarrollos cerrados. En ambos casos, el dilema central radica en la incapacidad de conciliar el crecimiento inmobiliario con el respeto por los corredores biológicos naturales.
Conclusión
El conflicto en el barrio cerrado La Martona evidencia una tensión latente en los modelos de urbanización privada que continúan transformando el paisaje bonaerense sin contemplar el impacto ecológico a largo plazo. Mientras los consorcios y las organizaciones privadas evalúan soluciones orientadas a la expulsión de la fauna, las normativas de conservación recuerdan que la fauna autóctona cuenta con protección legal, dejando pendiente una respuesta integral del Estado sobre cómo gestionar la convivencia entre las comunidades humanas y los ecosistemas originales.
