Caso Adorni: aparecen otras dos jubiladas prestamistas y se complica al jefe de Gabinete
Una investigación judicial detectó contratos y operaciones informáticas que involucran a ciudadanas de la clase pasiva en el entramado patrimonial del funcionario, sembrando dudas sobre el origen de sus bienes.
El caso Adorni sumó un nuevo y complejo capítulo en los tribunales federales de Comodoro Py que sacude el núcleo político del Poder Ejecutivo. La reciente designación de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, tras su etapa como portavoz gubernamental, coincidió con la aparición de documentación clave que complica su situación patrimonial. La Justicia detectó que otras dos jubiladas habrían actuado como prestamistas en una operatoria vinculada a los bienes de su entorno familiar íntimo. Este hallazgo repite un patrón metodológico de financiamiento informal que ya había despertado fuertes sospechas en los investigadores y que coloca bajo la lupa la trazabilidad del dinero utilizado para sus últimas adquisiciones inmobiliarias.
El origen de la trama: la hipoteca de 1996
La nueva pista que analiza la Justicia penal se remonta a una transacción económica realizada originalmente por Jorge Adorni, padre del actual jefe de ministros. Según las constancias del expediente, se constituyó una garantía hipotecaria sobre un departamento perteneciente al núcleo familiar para respaldar un préstamo en efectivo por la suma de 22.500 dólares. Lo que despertó las alarmas de los peritos contables es que las dos mujeres aportantes de las divisas se encontraban en edad jubilatoria y carecían por completo de antecedentes o registros de actividad en el sistema financiero formal.
La entrega del dinero se concretó mediante un contrato privado que posteriormente derivó en un extenso litigio judicial debido a reiterados incumplimientos en la devolución de las cuotas y los pagarés correspondientes. Tras el fallecimiento del titular, el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, su hermano Francisco —quien también ejerce funciones dentro de la estructura estatal— y su madre iniciaron el proceso legal para obtener el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble.
A pesar de que los auditores no localizaron constancias públicas ni comprobantes bancarios que acreditaran la cancelación definitiva del saldo con las acreedoras, la Justicia autorizó el levantamiento de la hipoteca. Tiempo después, la propiedad fue inscripta formalmente y puesta a la venta en el mercado por una cotización de 95.000 dólares. Este bien inmueble omitió ser incluido en las declaraciones juradas presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
El avance de la causa penal en Comodoro Py
La investigación judicial que unifica estos hechos se tramita en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo. El objeto principal de la pesquisa consiste en determinar la consistencia y el origen de los fondos que permitieron un vertiginoso crecimiento de la riqueza de Adorni entre los años 2024 y 2025. Antes de incorporarse a la gestión pública de La Libertad Avanza, el patrimonio registrado del funcionario se limitaba a un departamento de dimensiones estándar ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
Sin embargo, tras consolidar su posición en la estructura política de la Casa Rosada, los registros de propiedad inmueble reflejaron la adquisición de una vivienda de alta gama en el barrio de Caballito y una suntuosa finca de descanso en un barrio privado del partido de Exaltación de la Cruz. Estos movimientos patrimoniales generaron denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
Las operaciones bajo sospecha: Caballito y Exaltación de la Cruz
El foco de la fiscalía se concentra en la operación de compraventa del inmueble de Caballito, pactada en un valor de 230.000 dólares. De acuerdo con el relevamiento de las cuentas, cerca del 90% del monto total de la transacción fue financiado a través de un préstamo privado otorgado por otras dos mujeres jubiladas. Un dato que llamó la atención de los peritos es que estas mismas personas figuraban además como las vendedoras originales de la propiedad. La falta de bancarización y la discrepancia entre los valores de escritura y las tasaciones de mercado alimentan la hipótesis de una posible simulación jurídica.
En forma simultánea, los investigadores analizan las condiciones en las que se adquirió la propiedad del country de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Bettina Julieta Angeletti, esposa del funcionario. El expediente judicial detalla que el mismo día en que se firmó la escritura de la finca ingresaron aportes externos en efectivo por una cifra cercana a los 100.000 dólares. Se investiga si esta maniobra formó parte de un esquema de financiamiento cruzado diseñado para ocultar a los verdaderos aportantes del capital.
El misterio de las declaraciones juradas y las criptomonedas
La acumulación de pruebas coincide con un marcado retraso en la actualización de las presentaciones patrimoniales obligatorias del funcionario. A pesar de que desde el entorno presidencial se aseguró reiteradas veces que la entrega de los documentos era inminente, las declaraciones juradas continúan sin ser publicadas.
En los pasillos de la Jefatura de Gabinete circula la versión de que la estrategia de defensa se basará en la justificación de ingresos extraordinarios provenientes de inversiones tempranas en criptoactivos. De convalidarse este argumento, el funcionario deberá explicar ante las autoridades de control por qué omitió declarar dichas tenencias digitales al momento de asumir su primer cargo en la administración pública.
