«Cruel e injusto»: denuncian el abrupto quite de 200 mil pensiones por discapacidad por parte del Gobierno Nacional
La subsecretaria de Salud Mental bonaerense, Julieta Calmels, alzó su voz contra la reciente decisión del Ejecutivo nacional de dar de baja a 200 mil pensiones por discapacidad, calificando la medida de "arbitraria" y carente de un análisis individual de cada caso, generando "enorme preocupación" en la gestión provincial.
En declaraciones radiales, la funcionaria bonaerense expresó su profundo malestar por la forma en que se llevó adelante el recorte de pensiones, que afecta directamente a personas con discapacidad, incluyendo aquellas con problemáticas de salud mental. «El método que decidieron tomar es cruel, redujeron las pensiones de manera inequitativa e injusta», sentenció Calmels, enfatizando la falta de responsabilidad al tomar una «decisión masiva» sin evaluar las particularidades de cada beneficiario.
La subsecretaria describió la situación generada como «realmente desesperante», advirtiendo sobre el «impacto muy serio» que esta medida tendrá en el sistema de salud pública provincial, ya tensionado por la coyuntura económica. «Es una situación de ahogo por todos lados», graficó.
Desde el Gobierno Nacional, la justificación para la baja de las pensiones radica en la detección de «irregularidades» a través de una auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según voceros oficiales, los titulares que perdieron el beneficio no se habrían presentado a la citación del Ministerio de Salud para evaluar la continuidad de la asignación.
Sin embargo, esta explicación no convenció a Calmels, quien calificó el argumento oficial de «humillante» y sostuvo que el «único objetivo» de la medida es lograr un «achique económico» a expensas del sector «más vulnerable y desprotegido» de la sociedad.
La denuncia de la funcionaria bonaerense se suma a la creciente preocupación de organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad ante la incertidumbre generada por la quita masiva de pensiones. La falta de información detallada sobre los criterios utilizados en la auditoría y la ausencia de un proceso de revisión individualizado alimentan el temor a que personas con necesidades legítimas se vean privadas de un apoyo económico fundamental para su calidad de vida.
La controversia en torno a la baja de estas pensiones pone de manifiesto una vez más la tensión entre la necesidad de optimizar el gasto público y la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos más vulnerables. La forma abrupta y generalizada en que se implementó la medida, según las críticas, agrava la situación de miles de familias que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas y acceder a tratamientos y terapias esenciales.
