Otra querella también pidió prisión perpetua para siete expolicías por la Masacre de Wilde

 

Romano Duffau, quien representa a la esposa del remisero Norberto Corbo, uno de los asesinados, consideró que los expolicías bonaerenses son “coautores penalmente responsables del delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía”, en cuatro hechos.

El abogado que representa a Patricia Corbo, esposa una de las cuatro víctimas de la denominada «Masacre de Wilde», pidió este viernes que se condene a prisión perpetua a los siete expolicías bonaerenses acusados de ese emblemático caso de «gatillo fácil» ocurrido hace 28 años en esa localidad del partido de Avellaneda.

El pedido fue realizado por el letrado Gustavo Romano Duffau, que luego de más de dos horas de alegar y dar detalles del hecho, pruebas y testimonios le pidió al Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora que se condene a prisión perpetua a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; al exoficial Osvaldo Lorenzón; al exsubteniente Pablo Dudek; a los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga; y al excabo Marcos Rodríguez.

Romano Duffau, quien representa en el juicio a la esposa del remisero Norberto Corbo, uno de los asesinados en la masacre, consideró que los expolicías bonaerenses son “coautores penalmente responsables del delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, por haber constituido un medio idóneo para crear un peligro común y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”, en cuatro hechos.

Además, consideró que existió el mismo delito, pero en grado de tentativa –en el caso del sobreviviente Claudio Díaz- y que todos ocurrieron en concurso real entre sí.

Asimismo, solicitó al TOC 3 la inmediata detención de los expolicías, en caso de que haya veredicto condenatorio.

En tanto, al inicio de la audiencia de este viernes el abogado Eduardo Michaud, que representa a la familia de los fallecidos Gustavo Mendoza y Eduardo Bielsa, solicitó que los acusados sean condenados por homicidio simple, cuya pena va de los 8 a los 25 años.

Finalizados los alegatos de la parte acusatoria, el TOC 3, conformado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 14.15, cuando será el turno de la primera de las defensas de los acusados.

Detalles de la Masacre de Wilde

La «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Norberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Eduardo Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces con pistolas calibre 9 milímetros y al menos un subfusil Uzi.

Los cargos de los exefectivos

Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de «cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa», por la única víctima del ataque que sobrevivió.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos.

No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que «aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos».télam