El reclamo por la liberación de Milagro Sala llegó a Naciones Unidas

La noticia se conoció mientras Mauricio Macri visitaba Jujuy junto al gobernador Gerardo Morales, quien impulsó el encarcelamiento de la dirigente social. Amnistía Internacional y organismos argentinos de DD.HH. plantearon a la ONU que Sala está siendo privada de un juicio justo e imparcial y que también se desconocen sus derechos políticos como diputada del Parlasur.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y Amnistía Internacional (AI) presentaron el caso de Milagro Sala ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

La información fue difundida esta tarde por la organización Tupac Amaru, mientras el presidente Mauricio Macri encabezaba un acto en la ciudad jujeña de San Pedro acompañado por el gobernador Gerardo Morales.

Sala se encuentra presa desde el 16 de enero pasado a pedido de Morales, quien la denunció primero por protestar con un acampe frente a la Gobernación y luego por asociación ilícita, fraude y extorsión.

En su presentación ante la ONU, los organismos de derechos humanos argumentan que la dirigente social “está siendo privada de un juicio justo e imparcial y que se han desconocido sus derechos políticos como diputada del Parlasur”.

“Con el fin de impedir el desarrollo de una protesta social de sectores populares en la provincia de Jujuy, se ha desarrollado una profusa y activa estrategia estatal de hostigamiento y persecución penal de referentes de la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales”, agregan Gaston Chiller y Gabriela Kletzer (CELS), Mariela Bleski (AI) y Ana Laura Lobo y Daniel Weisemberg (ANDHES).

Los firmantes recuerdan que el juez Gastón Mercau, que actúa contra Sala, resolvió “su excarcelación en la causa originada en la protesta”, pero luego “ordenó su detención por otra en la que ahora se la acusa de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita”.

“En esta segunda causa, los estándares de prisión preventiva a analizar por el juez son los mismos que respecto a la causa por supuesta instigación y sedición. Es decir, su detención continúa siendo arbitraria, pero ahora sobre la base de un pretendido nuevo ropaje legal”, subrayan.

“A Milagro Sala, en tanto referente de la protesta del grupo de organizaciones sociales se le han imputado vaguedades y se le suman delitos para justificar una pena en expectativa que procure habilitar su detención. En este caso, no solo tuvo lugar la decisión de criminalizar la protesta haciendo una interpretación formalista del delito de corte de calle, sino también una formulación general de la instigación al corte de una vía pública. Y además, se agrega el delito de sedición con una imputación peligrosa, vaga y arbitraria”, indican los organismos a la ONU.

Con respecto al incumplimiento de un juicio justo e imparcial, recuerdan que el Comité de Derechos Humanos señaló que el derecho a la igualdad ante los tribunales, Cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos, y que el requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal –en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna.

“Éste no ha sido el caso en la Provincia de Jujuy, en donde autoridades como el Fiscal de Estado y el propio gobernador, entre otros, se han manifestado públicamente sobre la situación de Milagro Sala, acusándola de ser responsable de sendos delitos e inclusive dando indicaciones de hasta cuando debería permanecer detenida”, remarcan.

Por último, el CELS, ANDHES y AI denuncian el desconocimiento de los derechos políticos de la dirigente social como parlamentaria del Mercosur: “En este punto, volvemos a resaltar que Milagro Sala es miembro del Parlasur y que, conforme al artículo 16 de la Ley 27.120, goza de inmunidad de arresto. Hasta el momento, este hecho ha sido desconocido por la justicia provincial”.