El juicio por el crimen de Lucas González continuará con los alegatos de la fiscalía
El fiscal Guillermo Pérez de la Fuente dará a conocer la pena solicitada para los policías Gabriel Alejandro Issasi (42), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (38), acusados por el homicidio del joven futbolista el 17 de noviembre de 2021 en Barracas y con pedido de reclusión perpetua por parte de la querella, y para otros once agentes imputados por encubrimiento y torturas.
Los alegatos en el juicio por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un disparo en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, continuarán con el pedido de penas por parte de la fiscalía, luego de que la querella solicitó la semana pasada reclusión perpetua para los tres policías de la Ciudad imputados por el crimen y penas de hasta 30 años de cárcel para once de los efectivos acusados de encubrir el hecho y torturar a dos de los sobrevivientes.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que la audiencia será a partir de las 9 del próximo jueves en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, ubicado en la calle Paraguay al 1536, en el barrio porteño de Recoleta.
El fiscal de juicio, Guillermo Pérez de la Fuente, será el encargado de alegar en el debate que tiene como acusados del crimen de Lucas a tres efectivos de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y a otros once agentes por el encubrimiento del hecho y las torturas a dos de los sobrevivientes.
Luego del alegato de la fiscalía, está previsto que en las próximas audiencias realicen sus alegatos las defensas de los imputados.
En la última jornada, el abogado querellante Gregorio Dalbon solicitó la máxima pena para los policías Gabriel Alejandro Issasi (42), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (38), por el «homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial» de Lucas, y la «tentativa de homicidio agravado» de Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (18) y Niven Huanca (19).
El punto más importante de su alegato se centró en la descripción de los hechos que el abogado dijo tener acreditado y describió a los policías imputados por el crimen, quienes se hallaban vestidos de civil, como «tres mafiosos asesinos».
De hecho, el accionar de las brigadas de investigaciones fue cuestionado por la familia y amigos de las víctimas, al punto que se creó una petición en la plataforma digital Change.org que ya cuenta con más de 65 firmas y adhesiones para que se sancione la «Ley Lucas», en la que solicitan «la prohibición de toda actividad policial sin uso de uniformes o móviles claramente identificables, la libertad a la ciudadanía para registrar irregularidades policiales y la creación de una Comisión Legislativa que dé seguimiento a las actividades policiales» (www.Change.org/LeyLucas).
Para la querella, «está probado que las tres pistolas (de Issasi, Nieva y López) fueron utilizadas», ya que «mataron a Lucas y querían matar a todos».
Además, Dalbon pidió que se condene a la pena de 30 años de prisión para Sebastián Jorge Baidón (28), oficial de la Comisaría Vecinal 4D, por el «encubrimiento» del crimen y por las «torturas» a las que sometió a Zúñiga.
«Sin orden judicial actuó. Le dijo a Joaquín que dejara el celular, lo puso contra la reja y lo cacheó. Es el que le dijo a Joaquín ´de dónde sos, de Florencio Varela, sos un negro de mierda, te vamos a pegar un tiro en la cabeza´. Joaquín lo señaló con su dedo en la sala de juicio. Le dejó una secuela física y psicología», sostuvo.
En tanto, para el principal Héctor Claudio Cuevas (50), cuyo testimonio derivó el pasado el 3 de junio en la detención de otro efectivo de la Policía de la Ciudad en el marco de la causa, el oficial Facundo Matías Torres, a quien acusó de haber sido quien en su moto fue a buscar a la comisaría y trajo junto Issasi el arma de juguete plantada en el auto de las víctimas con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes, pidió 3 años y 6 meses de prisión al quitarle el delito de «omisión de evitar tortura».
«Manifestó que vio todo, que los policías actuaron mal y que la pistola se la pusieron. Le creo por la escucha, le creo porque dijo que escuchaba la respiración de Lucas y no podía sacársela de la cabeza y lo vi compungido. Creemos que su arrepentimiento es verdadero, igual que su miedo», manifestó el letrado.
En tanto, a los restantes nueve policías, Dalbon pidió la pena de 20 años al acusarlos «por haber ayudado a Issasi, Lopez y Nieva a eludir el accionar de la Justicia y por haber alterado rastros, pruebas e instrumentos del delito agravado doblemente por la calidad de funcionario público de los autores, por ser el delito precedente especialmente grave, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley privaron de la libertad a Lucas González, Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Nieven Huanca, y porque en el desempeño de un acto de servicio omitió evitar la comisión del delito de tortura en su calidad de coautor todos en concurso real».
Para Dalbon, el comisario inspector Daniel Alberto Santana (43) fue «el hombre más importante acusado por el encubrimiento» del crimen de Lucas y «sabía lo que había pasado porque se lo había contado Issasi».
Respecto a Juan Horacio Romero (51), alias «Perro», comisario de la División y Sumarios de la Brigada de la Comuna 4, el abogado dijo que fue uno de los primeros de llegar al cruce de Alvarado y Perdriel, donde se detuvo la Volkswagen Suran de las víctimas, y luego se dirigió a Iriarte y Vélez Sarsfield, donde se encontraba el auto de la brigada.
Sobre el comisario Fabián Du Santos (52), Dalbon aseguró que «mintió» en su declaración indagatoria tras decir que vio a los integrantes de la brigada «con los chalecos puestos» y que observó «a 50 metros» a la Policía Federal «sacar la pistola» del auto de los adolescentes.
Del subcomisario Roberto Orlando Inca (47), el querellante explicó que «supo todo» ya que «habló con todos los tiradores», y que «estuvo en todos lados, a toda hora», además de decir que «nadie filma, nadie saca fotos» mientras estaban realizando el procedimiento.
Del oficial Daniel Rubén Espinosa (33), Dalbon refirió que fue quien se trasladó con Lucas en la ambulancia del SAME al hospital Penna y quien ingresó a la sala del shock room cuando le comunicaron que cayó de las prendas del adolescente un encamisado de una bala.
«Espinosa agarró una servilleta de papel y se lo guardó en el bolsillo, no llamó a testigos. Tengo probado que fue parte del plan y no cesó», afirmó Dalbon.
La querella indicó que el comisario Rodolfo Alejandro Ozán (54) fue quien en un diálogo con Du Santos expresó que los policías «se mandaron un mocazo», le «volaron el frasco», y se comunique con Romero para «emprolijar esta cagada».
En tanto, el abogado de las familias de las víctimas comprobó en su alegato que el subcomisario Ramón Jesús Chocobar (48) estuvo cuando aún Lucas se encontraba herido dentro del Volkswagen Suran y que vio a Zúñiga y a Salas esposados sabiendo que eran menores de edad.
Por su parte, sobre los oficiales Jonathan Alexis Martínez (35) y Ángel Darío Arévalos, Dalbon sustuvo que ambos arribaron al lugar en moto y que el primero fue quien dio sus esposas para aprehender a Zúñiga y Salas.
Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.
En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.
Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
