La Justicia embargó por $8 millones a Jorge Macri en una causa por lavado de dinero
La Justicia embargó intendente de Vicente López, Jorge Macri, por 8 millones de pesos en una investigación por presunto lavado de dinero donde también está imputada su mujer, Florencia de Nardi.
La medida fue firmada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien investiga las operaciones financieras relacionadas con la compra de un departamento en Miami por u$s403.000 que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La presunta maniobra de lavado se conoció poco después de la explosión de los Panamá Papers, donde el presidente Mauricio Macri, figuraba como directivo de Fleg Trading, una sociedad offshore de Bahamas.
Por otro lado, la operación inmobiliaria fue realizada mediante una empresa montada en Miami que recibió un préstamo de una firma uruguaya con “sello de goma” cuyo director figura en la filtración de los Panamá Papers, según reveló Página12.
El embargo preventivo había sido solicitado por el fiscal federal Matías Di Lello y validado por Arroyo Salgado, quien además dispuso la misma medida para De Nardi.
Por su parte, los abogados del matrimonio apelaron la medida. Y Jorge Macri presentó ante ese tribunal un seguro de caución contratado a la filial local de la aseguradora Chubb que le permite ofrecer una garantía de pago evitando la inhibición de sus bienes hasta que termine la causa.
El 18 de julio de 2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) verificó la participación del intendente de Vicente López en la compañía Icon Unit 1704 LLC, que había comprado un departamento en la dirección 485 Brickell Avenue 174 por 1.489.200 pesos (u$s403.000 dólares a la cotización de $3,70 de la época).
La sociedad se creó un mes antes de la transacción con un capital de u$s10.000, con fondos cuyo origen tampoco fueron determinados. El primo del presidente Mauricio Macri argumentó que el dinero para la compra del inmueble provino de dos préstamos.
Uno de ellos fue otorgado por la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184 mil dólares, mientras que otros u$s219.000 fueron prestados por el Florida Bank.
Fawsley está presidida por Javier Rubira Alonso, un testaferro uruguayo vinculado al estudio JP Damiani & Asociados que figura en 315 documentos de Mossack Fonseca y vinculado a empresas que fueron investigadas como parte de la “Ruta del Dinero K”.
En ese momento, la AFIP determinó que “el contribuyente bajo fiscalización no detenta, en cabeza propia ni por medio de las sociedades involucradas, la capacidad financiera que pueda justificar el origen de los fondos para la adquisición del inmueble en el exterior”.
La Unidad de Información Financiera, a partir del reporte de operaciones sospechosas (ROS) Nº8262966, confirmó que la operación se había canalizado a través de Icon Unit 1704 LLC.
La causa avanza lentamente debido a la escasa colaboración de las jurisdicciones extranjeras como Estados Unidos, donde las LLC (Compañías de Responsabilidad Limitada, según sus siglas en inglés), son instrumentos que ofrecen cierto “resguardo fiscal”.
