Más inflación y cláusula gatillo: el nuevo problema poselectoral
El Gobierno esperaba poder mostrar antes del domingo una proyección menor al 22% o la posibilidad de perforar el 1% en los meses que restan para fin de año
La decisión oficial es que el capítulo inflación no ingrese en la recta final de la campaña electoral que termina mañana y que quede como un debate para retomar después del lunes. Hasta ahora se logró, quizá más por distracción de los referentes económicos opositores, evidentemente concentrados en lo que los asesores de campaña les entregan como libreto que en tomar en cuenta este leve «cisne negro» inflacionario que se introdujo en el proceso preelectoral.
El problema para el oficialismo ahora será la proyección final que tendrá el IPC que mide el INDEC para todo el año, porcentaje que ahora se acerca más al peligroso 23% que al 22% (o menos) que a comienzos de septiembre esperaba el Gobierno. El incremento del 1,9% del mes pasado fue un baldazo de agua fría para las intenciones del oficialismo ya que se esperaba poder mostrar al votante indeciso un nivel más cercano al 1%, y con posibilidades de perforar el dígito en algún mes antes de fin de año. El propio octubre parecía ser un mes ideal para el intento. Aparentemente la idea quedará trunca, y ahora la estrategia sólo se concentrará en que la inflación «núcleo» no supere mucho más del 1,5% mensual hasta fin de año. Uno de los enemigos para esta proyección es el propio Gobierno, que ya autorizó el cronograma de aumentos de los servicios públicos y combustibles hasta enero próximo. Para la semana próxima se espera el alza de las naftas, siguiendo luego con la energía en noviembre, el gas en diciembre y el agua en enero. Cada uno de estos incrementos tiene su propio impacto en la «núcleo», colocando, según los cálculos del propio Gobierno, el alza mensual en un piso de entre un 0,8 y el 1% mensual hasta diciembre, según los propios cálculos del Ejecutivo.
Hay, sin embargo, quienes mantienen la esperanza de una inflación controlada: el Palacio de Hacienda de Nicolás Dujovne y el Banco Central de Federico Sturzenegger. Ambos aún confían en una inflación anual por debajo del 22%. Ponen como ejemplo lo que sucedió en julio, cuando el alza arrojó un 1,7%, en un mes donde se combinó el anteúltimo incremento anual en las naftas, sumado a la presión que siempre genera en la economía criolla el alza del dólar. Eran tiempos preelectorales en los que la divisa llegó a cotizar en algún momento 18,30 pesos. Luego de las PASO ambas dependencias se encargaron de mencionar tanto que no había existido «pass through» entre el incremento del dólar y la inflación, como la imprudencia del ministerio de Juan José Aranguren de haber autorizado el alza de los combustibles. Se señalaba a esta decisión como la culpable del alza en los precios de ese mes.
El peligro de una inflación de 23% tiene consecuencias políticas con la liberación de la cláusula gatillo. El dato definitivo se conocerá a mediados de enero de 2018, pero ya en la primer quincena de diciembre habrá una proyección certera. En ese momento el Ejecutivo anunciará una decisión, ya tomada: no habrá para este año, y salvo casos particulares, habilitación de la cláusula gatillo que figura en la mayoría de las negociaciones paritarias 2017. El el mecanismo previsto por los sindicatos para que el aumento salarial pactado para todo el ejercicio se renegociara si la inflación superaba el alza de precios anualizada medida por el INDEC que maneja Jorge Todesca. Según los resultados que espera el Gobierno, si el incremento salarial se ubica por debajo de la inflación, el gremio estará autorizado a negociar un plus. Si está por encima del dato final, no se habilita esa discusión. En promedio los incrementos de paritarias se ubican en el 23%. Un 22% terminaría con la polémica. Un 23%, o más, la abriría. Más si se tiene en cuenta que el macrismo espera un 2018 laboral con un muy menor nivel de conflictividad que el de 2017. La esperada relativa victoria electoral del próximo 22 potenciaría una posición de más fuerza que la exhibida en 2016 y 2017. Pero además se confía en que el dato final del IPC del INDEC le permitirá al oficialismo enviar señales más creíbles hacia los negociadores privados y sindicales que las que se tomaron a comienzos de los dos primeros años de gestión, con una inflación en baja y con variables económicas de crecimiento. El porcentaje que desde la jefatura de Gabinete se tiene en la cabeza es un incremento salarial de entre 15 y 16% el próximo año, con una inflación final que se ubicaría en ese mismo nivel. A diferencia de 2015 y 2016, los gremios deberían tomar esta proyección en serio. El mensaje estará destinado, fundamentalmente, a los empleados públicos, incluyendo los docentes, que deberían aceptar aumentos en sus sueldos de no más del 15%. Si se cumpliera la proyección inflacionaria esperada por el oficialismo para 2017 el balance para los salarios continuaría siendo negativo. Si se toma en el «empate técnico» de ese año y que en 2016 el promedio de aumentos fue del 30% mientras que la inflación anualizada (no hay datos oficiales porque el INDEC comenzó a medir el IPC en mayo) se ubicó cerca del 39% los sueldos aún están en la era Macri por debajo del IPC
