Deudas y acoso extrajudicial en la Argentina de Milei

La crisis de endeudamiento que atraviesan las familias en Argentina presenta una cara visible e innegable expuesta por los números de la macroeconomía, pero también oculta un engranaje cotidiano de violencia institucional y privada. Unos 5,3 millones de personas registraron algún tipo de retraso en sus obligaciones financieras hacia mayo de 2026. Este fenómeno muestra una irregularidad de cartera del 12,6% dentro del sistema bancario tradicional y escala de forma alarmante hasta el 21,6% en el sector de las compañías fintech.

Detrás de este deterioro económico masivo opera un circuito de hostigamiento sistemático ejecutado por agencias de cobranza extrajudicial. A través de llamadas reiteradas a toda hora, mensajes intimidatorios vía WhatsApp y amenazas de embargos sin sustento legal, miles de ciudadanos enfrentan presiones ilegales que vulneran sus derechos básicos.

El circuito comercial de la cartera incobrable

El mecanismo del cobro extrajudicial responde a una dinámica de mercado consolidada. Cuando la morosidad de un usuario supera los 12 meses, los bancos y entidades crediticias clasifican la deuda como incobrable. En ese punto, proceden a vendérsela a estudios jurídicos o agencias de recuperación por un porcentaje mínimo de su valor nominal.

Una firma financiera consultada detalló que una obligación impaga de $100 suele rematarse por $20. La agencia adquirente despliega un operativo de «gestión intensiva» para recuperar $40 o más, obteniendo su margen de ganancia de esa brecha. Esta modalidad se replica de igual forma en el ámbito de las prepagas, las empresas de telecomunicaciones, los supermercados y las administradoras de planes de ahorro.

El problema radica en que esa insistencia traspasa sistemáticamente los límites constitucionales y legales. Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, señaló que la metodología incluye el contacto con familiares, vecinos y compañeros de trabajo de los deudores, divulgando información personal sensible y violando la confidencialidad.

Crecimiento exponencial de los reclamos por abusos

Los registros oficiales reflejan la escala del conflicto en el territorio bonaerense:

• Año 2024: Se contabilizaron 393 reclamos formales por violencia verbal e intimidación.

• Año 2025: Las denuncias ascendieron a 1.064 expedientes.

• Primeros cinco meses de 2026: El número escaló a 1.237 presentaciones, superando la totalidad del período previo en menos de medio año.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires remarcaron que el fenómeno de la cobranza violenta existe desde hace décadas, pero el shock de endeudamiento actual extendió sus efectos sobre sectores de la población que jamás habían experimentado la mora. Entre los mensajes persuasivos detectados por las autoridades figuran notificaciones falsas sobre «visitas inminentes de escribanos a domicilios particulares» o presuntos «embargos directos en recibos de sueldo», medidas que requieren de manera indispensable una orden judicial firme que estos centros de contacto telefónico no poseen.

El marco normativo y las sanciones judiciales

La vigencia de las leyes protectoras

El ordenamiento jurídico argentino prohíbe de manera expresa la coacción comercial. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor exige garantizar un trato digno y prohíbe someter a los deudores a situaciones vergonzantes o vejatorias. Asimismo, en el ámbito porteño, la Ley 6171 limita el accionar de las agencias de cobro, vedando los llamados fuera de días u horarios hábiles, la comunicación con terceros ajenos a la relación contractual y el envío de notas que exhiban la condición de moroso.

Antecedentes jurisprudenciales

Las infracciones a esta normativa han comenzado a recibir condenas en los tribunales. A finales de 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó un fallo contra una empresa que sometió a un ciudadano al acoso constante por una deuda que jamás había contraído. La justicia ordenó indemnizar al damnificado tras probarse el envío masivo de folletos a su hogar y llamados persecutorios dirigidos a su expareja e hijas.

El escenario macroeconómico tras el ajuste estatal

La proliferación de deudas familiares encuentra su fundamento en las políticas económicas implementadas por la administración del presidente Javier Milei. Un informe del economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, vinculó el incremento de la irregularidad con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el reajuste tarifario en los servicios públicos —que acumula incrementos superiores al 525% desde fines de 2023— y el recorte real del 61% en programas de asistencia social.

En la actualidad, el 24,1% de los morosos argentinos se encuentra categorizado en los niveles 4 y 5 de la Central de Deudores del Banco Central, lo que implica atrasos superiores a los 180 días o un año. Frente a este panorama, las defensorías oficiales recomiendan exigir la acreditación legal de las agencias antes de abonar y radicar la denuncia ante los organismos de consumo cuando se vulneren la privacidad y la dignidad personal.