Escándalo en la ANDIS: 29 imputados por una red de corrupción de $75.000 millones

La Justicia Federal dio un paso decisivo en la investigación que sacude los cimientos del área social del Gobierno. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, Ariel Lijo, ordenó este miércoles el llamado a indagatoria de 29 personas involucradas en una red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida, que responde a un pedido exhaustivo de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, apunta a un sofisticado esquema de retornos y direccionamiento de fondos públicos que habrían drenado más de $75.478 millones del Estado nacional.

El Programa Incluir Salud como «caja» política

La investigación judicial reveló que la plataforma principal para estas maniobras fue el Programa Incluir Salud, destinado originalmente a brindar cobertura médica a personas con discapacidad y enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad. Según el dictamen fiscal, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, el organismo se convirtió en una «ventanilla administrada discrecionalmente» por intereses privados.

El esquema funcionaba a través de la cartelización de proveedores. Los funcionarios habrían entregado claves de acceso al sistema informático SIIPFIS a empresarios allegados, permitiéndoles gestionar y autorizar prestaciones de insumos médicos de alto costo (PACBI) de manera directa. Esta irregularidad permitía que las firmas beneficiadas manejaran el presupuesto público como propio, garantizando pagos millonarios a cambio de presuntas dádivas y retornos hacia los funcionarios jerárquicos.

Principales imputados y medidas cautelares

Entre los convocados a declarar a partir del 28 de abril figura Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la ANDIS, quien ya se encuentra procesado en un tramo anterior de la causa. También fue citado Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, señalado como una pieza clave en la ejecución del fraude.

Dada la magnitud del desvío de fondos, el juez Lijo dispuso la inhibición general de bienes para todos los involucrados y sus empresas. El magistrado fundamentó la medida ante la sospecha de que los acusados intenten desprenderse de activos obtenidos ilícitamente. La lista de imputados se extendió a 20 empresarios y lobbistas de la industria farmacéutica, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, además de una larga nómina de directivos de droguerías.

El origen del escándalo: audios e inteligencia artificial

La causa tomó estado público en agosto de 2025 tras la filtración de una serie de audios donde se detallaba el mecanismo de recaudación ilegal. En dichas grabaciones se mencionaban nombres del entorno íntimo de la Casa Rosada, lo que dotó al caso de una sensibilidad política extrema. Aunque la defensa de Spagnuolo, ejercida por el abogado Mauricio D’Alessandro, intentó anular el proceso alegando que las voces fueron creadas con inteligencia artificial, la Justicia rechazó el planteo y validó las pruebas recolectadas por la Policía Federal.

Una investigación multiplataforma

La complejidad del caso ha requerido la intervención de organismos técnicos especializados como la PROCELAC (lavado de activos) y la SIFRAI (recupero de activos). Los investigadores no solo analizan el fraude al Estado, sino que también siguen la ruta del dinero para identificar maniobras de blanqueo en el sistema financiero.

Lo que inició como una denuncia por irregularidades administrativas se ha transformado, en menos de un año, en la investigación por corrupción más extensa y documentada contra funcionarios de la actual administración. El cronograma de indagatorias, que finalizará el 26 de mayo, promete aportar nuevos datos sobre la profundidad de este segundo entramado delictivo en la ANDIS.