El caso Adorni se agrava: las supuestas prestamistas niegan conocer al funcionario
Dos mujeres identificadas como acreedoras de la hipoteca de 200.000 dólares que permitió al jefe de Gabinete adquirir un inmueble en Caballito desmintieron cualquier vínculo con el dirigente o la operación.
La situación patrimonial de Manuel Adorni ha ingresado en una fase de extrema delicadeza judicial y política. Tras la revelación de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, valuado en US$230.000, el foco se posó sobre el financiamiento de dicha operación. Según los registros oficiales, el 87% del valor del inmueble fue cubierto mediante una hipoteca no bancaria, pero las supuestas financistas aseguran no tener relación alguna con el jefe de Gabinete de Javier Milei.
Las inconsistencias entre los documentos del Registro de la Propiedad y los testimonios de las personas involucradas sugieren una maniobra que podría encuadrarse en el uso de testaferros o en la falsificación de instrumentos públicos para justificar fondos de origen incierto.
Testimonios cruzados: la negación de las acreedoras
La operación inmobiliaria, concretada el 18 de noviembre de 2025, señala a Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años) como las acreedoras de US$100.000 cada una. Sin embargo, al ser consultadas por la prensa, ambas mujeres mostraron total desconocimiento sobre el funcionario y el millonario préstamo.
Viegas, desde su domicilio en el barrio de Flores, fue tajante ante la consulta periodística: «No, la verdad que no», respondió al ser interrogada sobre si conocía a Adorni o si le había cedido dinero. En la misma línea, el entorno de Sbabo evitó dar precisiones, aunque el contacto directo con su línea telefónica arrojó resultados similares: «Yo no lo conozco», afirmaron desde su círculo cercano.
Este divorcio entre la documentación legal y la realidad de las partes plantea un interrogante central: ¿Quién puso realmente los US$200.000 para la compra del departamento ubicado en la calle Miró al 500?
Un patrimonio bajo la lupa judicial
El escándalo escala en un momento de alta sensibilidad para el Gobierno. La semana pasada, en su primera conferencia de prensa del año, Adorni intentó cerrar la discusión apelando a que su patrimonio proviene del sector privado. «No tengo nada que esconder. Mi dinero lo gasto en lo que considero mejor para mí y mi familia», sentenció, negándose a responder preguntas específicas sobre sus movimientos financieros.
Sin embargo, el argumento del «ahorro privado» choca con las cifras y los tiempos de su evolución patrimonial. Además de la propiedad en Caballito, la justicia investiga el financiamiento de un costoso viaje familiar a Punta del Este, sumándose a una lista de sospechas que incluye a otros altos mandos del Poder Ejecutivo.
Ética pública y el efecto dominó en el Gobierno
La falta de respuestas de Adorni no es un hecho aislado. El Ejecutivo, que inició su gestión bajo una bandera de austeridad y transparencia, enfrenta hoy múltiples frentes judiciales. El caso del jefe de Gabinete se suma a la investigación por la criptomoneda $Libra —donde se señala al entorno presidencial por promocionar presuntas estafas— y a la causa por una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Hasta el momento, la estrategia oficial ha sido el silencio o la descalificación de las denuncias. No obstante, la aparición de supuestos prestamistas que desconocen al deudor introduce un elemento de prueba documental difícil de eludir para el juez de la causa, quien deberá determinar si la hipoteca no bancaria fue una pantalla para el lavado de activos o el enriquecimiento ilícito.
El cierre de filas en la Casa Rosada comienza a mostrar fisuras ante la contundencia de los peritajes y testimonios. Mientras el «plan de ajuste» se profundiza, las sombras sobre las finanzas personales de quienes lo ejecutan amenazan con socavar la credibilidad de la administración Milei en su punto más sensible: la pretendida superioridad moral sobre sus predecesores.
