Israel y Gran Bretaña iniciarán la explotación petrolera en Malvinas ante el silencio oficial
Las firmas Navitas y Rockhopper confirmaron el inicio del proyecto Sea Lion para 2028, mientras la Cancillería argentina enfrenta críticas por su pasividad diplomática y errores en su imagen institucional.
El escenario geopolítico en el Atlántico Sur ha dado un giro determinante. En un anuncio calificado en Londres como un «hito histórico», la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration formalizaron la Decisión Final de Inversión (FID) para el yacimiento Sea Lion. Este proyecto, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, prevé el inicio de la extracción masiva de crudo para el año 2028, operando bajo licencias otorgadas por el gobierno colonial británico y desafiando abiertamente la legislación argentina vigente sobre hidrocarburos en plataformas soberanas.
Un proyecto de escala multimillonaria
El desarrollo del yacimiento Sea Lion no es una operación menor. Las compañías estiman una producción de 55.000 barriles diarios, lo que requerirá un desembolso inicial de 1.800 millones de dólares para las primeras dos fases. A largo plazo, la inversión total proyectada asciende a los 4.000 millones de dólares, con una licencia de explotación que se extiende por 35 años.
Esta consolidación económica ocurre tras quince años de exploraciones que los medios británicos, como The Telegraph y Financial Times, hoy celebran como un éxito de viabilidad comercial. Para el Reino Unido, representa un paso fundamental hacia la autosuficiencia energética de las islas, mientras que para Argentina significa la pérdida material de recursos naturales en un área bajo disputa de soberanía.
El giro en la estrategia diplomática argentina
La reacción —o falta de ella— por parte del Gobierno nacional ha generado desconcierto en los sectores vinculados a la política exterior. Bajo la administración de Javier Milei, el alineamiento estratégico con Israel y el Reino Unido parece haber desplazado la tradicional agresividad diplomática en el reclamo por Malvinas.
La participación de la israelí Navitas Petroleum es el punto de mayor fricción. Meses atrás, gestiones previas de la Cancillería habían emitido advertencias legales a la firma; sin embargo, en el actual esquema de relaciones estrechas con Tel Aviv, dichas presiones parecen haberse diluido. En la prensa israelí, portales como Globes destacan la expansión estratégica de la empresa sin mencionar el conflicto de soberanía que pesa sobre la zona de operación.
La resistencia desde Tierra del Fuego
Ante la ausencia de medidas contundentes desde el Palacio San Martín, la voz de alerta surgió desde el extremo sur del país. Andrés Dachary, Secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, calificó la maniobra como una «gravedad inusitada». El funcionario instó al canciller Pablo Quirno a adoptar medidas jurídicas internacionales de forma urgente, denunciando que se están afectando irreversiblemente derechos soberanos.
El gobernador Gustavo Melella respaldó esta postura, criticando lo que considera un desmantelamiento de la estrategia de presión internacional argentina en favor de una «cooperación comercial» que, a su juicio, solo beneficia la consolidación de la presencia británica en el archipiélago.
Errores simbólicos y parálisis institucional
La desorientación oficial quedó expuesta esta semana con la polémica del nuevo logo institucional de la Cancillería, que inicialmente omitió las Islas Malvinas «por error». Aunque el ministerio dio marcha atrás tras las críticas de veteranos y sectores políticos, el episodio fue leído como un síntoma de la baja prioridad del tema en la agenda actual.
A esto se suma la vacancia en la Embajada argentina en Londres. El plácet de Luis María Kreckler permanece congelado desde hace cinco meses. Fuentes parlamentarias británicas sugieren que el Foreign Office percibe en la gestión de Milei una ventana de oportunidad para normalizar la explotación de recursos sin las interferencias de la Ley Solanas o las sanciones que Argentina solía aplicar a las empresas que operan ilegalmente en el Atlántico Sur.
