Jubilados: La pérdida de ingresos por el veto de Milei supera los $468.000 millones mensuales

Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela el impacto económico devastador del veto del presidente Javier Milei al aumento de jubilaciones y al bono mensual. Según el análisis, los jubilados perderían colectivamente unos $468.000 millones mensuales, lo que se traduce en una pérdida total de $5,6 billones en un año para más de seis millones de beneficiarios. La decisión gubernamental, que logró ser convalidada en la Cámara de Diputados, profundiza la crisis para los adultos mayores y genera preocupación en la economía del país.

El informe del CEPA, que se basa en las proyecciones de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central y en la cantidad de beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuantifica el costo de esta medida para el sector más vulnerable. La cifra de $468.000 millones mensuales no es solo un número; representa el dinero que dejará de circular en los bolsillos de los jubilados, afectando su poder de compra en un contexto de alta inflación.

La pérdida estimada por el CEPA resulta de la no actualización del bono, que debía ajustarse a $110.000 y luego seguir la inflación, y de la falta de recomposición del 7,2% correspondiente a la inflación de enero de 2024. Este saldo pendiente era un punto clave en la iniciativa vetada por Milei, que buscaba compensar la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones frente a los incrementos de precios.

Las implicaciones del veto en la economía y la sociedad

Más allá del impacto directo en los ingresos de los jubilados, el CEPA advierte que esta medida tendrá un efecto negativo en la actividad económica general. Al reducir el poder de compra de un sector tan amplio de la población, se contrae el consumo, lo que a su vez afecta al comercio y a la producción. La decisión del gobierno de Milei no solo impacta en la calidad de vida de los jubilados, sino que también actúa como un freno para la economía en su conjunto.

El veto presidencial, impulsado por el Poder Ejecutivo, logró mantenerse firme en el Congreso gracias al apoyo de 83 diputados y a 6 abstenciones, incluyendo a legisladores del PRO y de partidos provinciales. Esta votación en la Cámara de Diputados fue el punto de inflexión que selló la suerte del aumento, a pesar de que el proyecto original había sido aprobado previamente en ambas cámaras legislativas.

La decisión de vetar el aumento, defendida por el gobierno como una medida de «disciplina fiscal», ha sido duramente criticada por la oposición y por los economistas que señalan las consecuencias sociales de la medida. La pérdida de $5,6 billones en un año representa una transferencia masiva de recursos desde el sector jubilado hacia el Estado, lo que, según los críticos, se hace a expensas de la calidad de vida de quienes ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

La lucha por la actualización de las jubilaciones ha sido una constante en la política argentina de los últimos años. La decisión del gobierno de Milei de vetar esta iniciativa marca un precedente significativo y plantea un futuro incierto para los ingresos de los jubilados, que deberán enfrentar la inflación sin las herramientas de compensación que buscaba el proyecto vetado.