La casta judicial: polémica por el aumento salarial de la Corte tras confirmar condena a Cristina Kirchner
Los jueces de la Corte Suprema se otorgaron un aumento salarial que eleva sus ingresos por encima de los 19 millones de pesos mensuales, en medio de críticas por la falta de transparencia y los privilegios del Poder Judicial.
Cifras millonarias y privilegios en el Poder Judicial
Con este nuevo incremento, los ingresos de los ministros de la Corte alcanzan montos significativos. Horacio Rosatti, presidente del tribunal, percibirá $19.147.398,84; Ricardo Lorenzetti, $19.534.215,98; y Carlos Rosenkrantz, $18.567.176,62. Estas cifras no solo incluyen el salario básico, sino también adicionales por antigüedad, título universitario y permanencia en el cargo, lo que engrosa aún más la remuneración final.
El privilegio salarial se extiende a otros estamentos de la justicia. Magistrados como Julián Ercolini, quien instruyó la causa Vialidad, perciben más de $11 millones mensuales, mientras que otros jueces superan los $16 millones. La justificación de la acordada para este aumento fue «mantener el poder adquisitivo», un argumento que contrasta con el contexto de ajuste económico que afecta a gran parte de la población.
Un factor que agudiza la polémica es que los jueces que ingresaron al Poder Judicial antes de 2017 continúan exentos del impuesto a las ganancias, lo que eleva considerablemente su salario neto en comparación con otros trabajadores y funcionarios. Esta excepción impositiva es un punto recurrente de debate sobre los privilegios de la «casta judicial».
El momento inoportuno y la crítica social
La elección del momento para la aprobación de este aumento no ha pasado desapercibida. La decisión se tomó a pocos días de que la propia Corte interviniera para convocar una reunión de urgencia que dejó firme la condena a la exmandataria, en un fallo impulsado por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti.
Este contraste entre el ajuste económico que experimenta la mayoría de los ciudadanos y el incremento millonario auto-asignado por los jueces supremos ha reavivado las críticas sobre la falta de transparencia y la escasa rendición de cuentas del Poder Judicial. La ciudadanía, tal como demuestran recientes sondeos de consultoras privadas, exige una mayor apertura democrática y una revisión de los privilegios que perciben los integrantes de la justicia.
La polémica por el aumento salarial de la Corte Suprema se suma a un debate más amplio sobre la independencia judicial, la transparencia en la toma de decisiones y la percepción pública de un poder que, en momentos de crisis económica y polarización política, se auto-beneficia con incrementos salariales considerables.
