Nafta para apagar el fuego
“Un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio, enseña a los oprimidos a usar la fuerza para oponerse a él”, Nelson Madela.
En medio de sesiones escandalosas, de represiones feroces y de un Estado de derecho abolido, los gobiernos, tanto nacional como provincial, intentan aprobar una reforma estructural, que desde el inicio, a pesar de las intenciones de los legisladores oficialistas, quedó vetada en la calle.
Pero no termina todo ahí. La brutal represión que vivieron miles de argentinos ayer, entre legisladores, ciudadanos que estaban efectuando su debido derecho de protesta, e incluso aquellos que caminaban libremente por la calle, puso de manifiesto lo que hasta ahora venía apareciendo desde las sombras: el gobierno está convencido de que todo aquello que desde el consenso no pueda llevar a cabo, lo hará en base al autoritarismo y el brazo represivo. Aquellos que ganaron acusando de soberbia, han mostrado que el “cambio”, era su peor cara autoritaria.
El espiral continúa repicándose hacia la provincia de Buenos Aires, principal bastión de “Cambiemos”. Mientras la Capital Federal veía la peor cara del operativo de “seguridad” que emanaba gases, balas y detenciones, que con el diario del lunes hasta podrían parecer privaciones ilegítimas de la libertad; la ciudad de La Plata, también se sumía en el caos, y la represión. También una reforma previsional, esta vez la caja del Banco Provincia; echaba luz sobre la realidad: el gobierno necesita dinero, y está dispuesto a aceptar que quienes paguen el precio sean los ancianos, los niños y los que menos tienen.
Sin embargo lo que sucedió ayer en las calles arroja luz sobre varias respuestas y no admite tantos interrogantes, como los que teníamos hasta ahora. La primera tiene que ver con la reacción: el pueblo tiene memoria, y ante el ataque directo y las políticas que lejos de beneficiarlo lo desafían a vivir peor; reacciona. Para eso, no necesita de una organización directa siquiera, de una central sindical o de una agrupación política, que también se manifestaron ayer. Muchos de los que ganaron las calles con su desacuerdo ante aquellos que fueron votados por el pueblo y que deberían representarlos, eran ciudadanos que entendieron que las medidas regresivas, no pueden seguir pasando libremente por el recinto.
Por otro lado, el gobierno está dispuesto a desoír la voluntad popular, no solamente por la represión que se vivió de la peor manera en las calles, sino también por la militarización de los espacios que deberían ser democráticos por definición e incluso, por el brutal ataque que vivieron algunos legisladores, que se opusieron desde el inicio a este ataque a los derechos de los más ancianos, que además compromete el retiro de los trabajadores activos. Estamos hablando de no menos de 17 millones de personas.
La sombra de la gobernación por Decreto de Necesidad y Urgencia, muestra que el Estado de Derecho y las garantías constitucionales no son el fuerte del gobierno, que mientras el descontento social por cientos de motivos, crece; el autoritarismo, en todas las formas conocidas lo hace más rápido. Esa fórmula conocida, nunca funcionó en el país, ni auguró una salida a la crisis en los peores momentos.
Por eso, es que tirar nafta al fuego para apagarlo, no es la recomendación más coherente, para un gobierno que ha dejado la coherencia hace rato e intenta una salida que, después de dos años no puede vislumbrar.
Hoy está claro: un país, no es una empresa. En una empresa cuando los costos no son viables, los empresarios (que no quieren comprometer su bolsillo), despiden trabajadores. En un país, cuando las cuentas no dan, no se puede tirar ciudadanos por la ventana. La conducción de un país, requiere necesariamente decisiones políticas, donde todos colaboren para vivir mejor.
