A nueve años del femicidio de Lola, la justicia uruguaya debe expedirse sobre los dos acusados
Tras el cuestionamiento de pruebas de la defensa de Leonardo Sena, acusado de ser el autor material del asesinato de la adolescente, la Justicia debe terminar la investigación y expedirse. La fiscal pidió 30 años de cárcel.
La adolescente argentina Lola Chomnalez fue asesinada a fines de diciembre de 2014 en la playa de Barra de Valizas, Uruguay, y al cumplirse esta semana el noveno aniversario del femicidio se espera que la justicia del vecino país se expida sobre el pedido de 30 años de prisión para el presunto autor material del crimen y la apelación del condenado por encubrimiento.
Ante esa situación, en noviembre pasado, Adriana Belmonte y Diego Chomnalez, padres de la víctima, viajaron a territorio uruguayo y se reunieron con sus abogados Juan Willman y Jorge Barrera, y el fiscal ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) local, Juan Gómez, para interiorizarse sobre el estado del expediente, el cual tiene dos procesos en paralelo.
El primero involucra a Leonardo David Sena (40), quien está detenido como presunto autor del femicidio y para quien la fiscal de Rocha, Mariela Núñez, pidió en marzo pasado una pena 30 años de prisión, la máxima establecida en el Código Penal de Uruguay para el delito de «homicidio muy especialmente agravado».
Como el crimen ocurrió antes de la última reforma judicial de ese país, se trata de un juicio escrito, no oral, el cual está a cargo del juez letrado Juan Giménez Vera, del 1er. Turno de Rocha.
Por su parte, el magistrado corrió vista a la defensa, que se opuso y cuestionó una serie de pruebas que supuestamente comprometían al acusado, por lo que se dispusieron nuevas diligencias antes de que se dicte un fallo de primera instancia.
«Estamos a la espera de que se termine la investigación para que se dicte sentencia», explicó a Télam el abogado Barrera, al tiempo que su colega Willman destacó que la reunión con los padres de Lola y la fiscalía fue un «un encuentro muy bueno».
El proceso a Ángel Moreira Martínez
A su vez, el otro proceso que continúa abierto es el que involucra a Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias «El Cachila», quien fue absuelto en primera instancia por el juez Giménez Vera, pero el Tribunal de Apelaciones del 4to. Turno revocó en febrero pasado ese fallo y lo condenó a 8 años de prisión por «encubrimiento».
Como la condena no está firme, la defensa recurrió a la SCJ, la cual todavía no se expidió al respecto, y tampoco lo hará este año ya que en pocos días comienza la feria judicial de verano, por lo que la resolución se conocerá en 2024.
Moreira salió de la cárcel en junio de 2022 tras la absolución de primera instancia, aunque luego volvió a quedar detenido durante unos meses por violar una restricción de acercamiento solicitada por su expareja y por la que le finalmente le fijaron un arresto domiciliario.
La absolución de «Cachila» fue apelada en su momento por la exfiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, quien había requerido una condena de 10 años de prisión.
Mientras que el fallo de Apelaciones, a cargo de los jueces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli, resolvió por unanimidad que le correspondían 8 años de cárcel.
Si la Suprema Corte confirma esa última decisión, Moreira deberá volver a prisión, donde ya estuvo durante tres años y medio.
Por otro lado, Sena, que ya tenía antecedentes penales por otros dos hechos, fue detenido en mayo de 2022 en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, luego de que distintos testigos señalaron que era frecuente verlo en la zona de Castillos y Rocha, y que un cotejo de ADN dio positivo respecto de su sangre y la hallada en la escena del crimen.
Sin embargo, Sena declaró ante la justicia que él es inocente y que su sangre llegó a los mencionados elementos porque se había cortado con una botella de vidrio mientras trabajaba, poco antes de que fuera a tomar mates a la playa donde se encontró con la mochila de Lola y sus pertenencias.
Pero varios testigos contradijeron luego la versión del imputado al declarar en el expediente.
El asesinato de Lola
Lola (14) viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.
Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.
Mediante la autopsia se determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.
«El Cachila» fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor al concluir que «estuvo presente antes, durante y después del homicidio» de la adolescente.
Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora acusado de ser el autor material del crimen.Télam
