Deterioro del salario: más de un millón sin prepaga

Por el marcado deterioro del salario y la escalada en las cuotas, más de un millón de personas se quedaron sin cobertura de salud privada en Argentina desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. La desregulación del sector, implementada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, permitió incrementos acumulados que superaron de manera holgada el índice de precios general, forzando a cientos de miles de familias a abandonar sus planes o migrar hacia el sistema público.

La brecha entre cuotas e inflación

Apenas iniciada la administración libertaria, la flexibilización de los marcos regulatorios habilitó a las empresas de medicina prepaga a fijar sus aranceles de forma libre. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, los valores de las cuotas registraron una suba acumulada del 460%. En el mismo período, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 320%, evidenciando un desfasaje de 140 puntos porcentuales que impactó de lleno en los ingresos medios de los trabajadores.

Como consecuencia directa de esta dinámica de precios y la contracción del salario real, un total de 1.200.000 personas perdieron el acceso a la medicina privada. Según estimaciones del Instituto Argentina Grande (IAG) basadas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la población desprovista de prepaga, obra social o mutual pasó de 9.428.131 personas en el cuarto trimestre de 2023 a 10.674.416 en el primer trimestre de 2026. De este modo, la franja social sin cobertura médica privada ni sindical ascendió del 32% al 35,6% del total de los habitantes del país.

Caída de afiliados en las obras sociales por pérdida de empleo

El problema no se acotó a la medicina prepaga voluntaria, sino que se extendió al sistema de obras sociales nacionales vinculadas al empleo formal. Datos de la Superintendencia de Servicios de Salud indican que estas entidades perdieron 1.028.412 beneficiarios durante el mismo lapso.

La razón estructural de esta contracción reside en la destrucción del empleo registrado: la pérdida de 235.000 puestos de trabajo en el sector privado formal privó automáticamente del alcance de las prestaciones de la seguridad social a los titulares y a sus grupos familiares a cargo.

La sangría de afiliados afectó de manera casi generalizada a las principales obras sociales del esquema sindical:

• Construcción: -25,4%

• Comercio: -20,2%

• Estatales: -19,1%

• Trabajadores rurales: -15,9%

• Trabajadores petroleros: -5,1%

En sentido inverso, la única entidad que registró un crecimiento en su padrón fue la Obra Social del Personal de Casas Particulares y la de Monotributistas, esta última con un incremento exponencial del 154% en sus registros. Este fenómeno refleja la precarización del mercado laboral, donde el empleo asalariado en relación de dependencia cede terreno frente al trabajo independiente o la informalidad.

Presión sobre el sistema público de salud y los jóvenes

La salida masiva de usuarios de la medicina privada y de las obras sociales derivó en una sobrecarga inmediata de la red de hospitales y centros de atención pública, en un contexto atravesado por recortes de financiamiento presupuestario y ajuste fiscal.

Este trasvase impactó con particular fuerza en la población joven. Durante el primer trimestre de 2026, la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años pasó a depender de manera exclusiva del sistema sanitario estatal. De acuerdo con el informe del IAG, desde el cambio de gestión nacional se sumaron 438.790 jóvenes al sistema público, lo que representó un aumento del 15,3% respecto a los niveles observados a fines de 2023. Se trata del grupo etario que mayor crecimiento relativo registró en la demanda de asistencia pública.

Un cambio de paradigma asistencial

La reconfiguración del mapa sanitario argentino exhibe los efectos colaterales de la desregulación económica en áreas de sensibilidad social. El encarecimiento relativo de los servicios esenciales, sumado al estancamiento de los ingresos familiares, modificó los patrones de cobertura de la población.

El traslado de más de un millón de personas desde el sector privado y sindical hacia el ámbito estatal supone una demanda estructural creciente para las provincias y municipios, organismos encargados de gestionar los centros sanitarios públicos en medio de restricciones de recursos.