Desmantelamiento del Correo Argentino: el plan oficial que deja pueblos aislados

El gobierno de Javier Milei ejecuta una reestructuración profunda en el Correo Argentino que evoca las políticas de privatización de la década de 1990. Mediante un proceso acelerado de retiros voluntarios inducidos y la clausura sistemática de dependencias en todo el país, la empresa estatal atraviesa una reducción operativa de magnitud inédita. La medida responde a los objetivos de desregulación económica fijados por la administración central, pero deja como contrapartida a decenas de comunidades del interior sin un servicio clave para la integración territorial.

El impacto del desmonte institucional afecta principalmente a las localidades alejadas de los centros urbanos densamente poblados. En estas regiones, la presencia de la firma estatal no solo garantizaba el envío de correspondencia formal y paquetería, sino que constituía la única vía de vinculación administrativa con el resto de las instituciones públicas y privadas del país.

Un esquema de retiro inducido en un contexto salarial complejo

El mecanismo de achicamiento de la planta laboral no se ha estructurado a través de cesantías masivas directas, sino mediante esquemas de renuncia acordada. Representantes de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) señalan que la incertidumbre sobre la continuidad de la empresa, sumada al estancamiento de los ingresos en el sector, ha impulsado a miles de empleados a aceptar los ofrecimientos de salida voluntaria.

Con haberes promedio que rondan los 900.000 pesos mensuales, la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación aceleró la salida del personal. Desde la conducción sindical advierten que esta dinámica genera un vaciamiento interno que imposibilita el normal funcionamiento de las dependencias, obligando a su posterior clausura por falta de dotación operativa.

El mapa de las sucursales cerradas y las distancias en el interior

De acuerdo con relevamientos de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), las clausuras afectan a más de trece provincias. El plan estratégico proyecta el cierre de unas 900 oficinas sobre un total original de 1.400 filiales en todo el territorio nacional.

• Catamarca: El cierre de filiales en los municipios de Pomán, Mutquín y Saujil obliga a los habitantes a desplazarse entre 70 y 103 kilómetros para tramitar envíos o documentos oficiales.

• Chaco: La supresión de puntos de atención en localidades como Makallé, General Vedia y Hermoso Campo redujo significativamente la cobertura que antes alcanzaba a 50 municipios.

• Río Negro: En el municipio de Campo Grande, la clausura de la sucursal de Villa Manzano dejó sin cobertura a cuatro poblados, a pesar de que el gobierno local asumía los costos operativos de luz, agua y gas para mantener la sede abierta.

El panorama se torna crítico en la Patagonia, donde las grandes distancias geográficas y la baja densidad demográfica encarecen la logística privada. El retiro de la empresa pública incrementa el aislamiento de los pobladores, quienes deben invertir recursos significativos para acceder a trámites elementales como el despacho de cartas documento o telegramas laborales.

El Decreto 1005 y las perspectivas de desregulación

El sustento normativo de esta transformación se asienta en el Decreto 1005/2024, dictado a fines de 2024. La disposición flexibilizó las exigencias regulatorias para la prestación de servicios postales, eliminó requisitos históricos a los operadores privados y habilitó la digitalización de procesos de notificación.

Aunque la privatización directa de la empresa fue excluida del texto definitivo de la Ley Bases durante su tratamiento legislativo, la conducción del Ministerio de Desregulación mantiene el objetivo de ceder la operación al sector privado o reconvertir el modelo de negocio. Dirigentes de FOECYT afirman que la medida vulnera compromisos internacionales y principios constitucionales que garantizan el Servicio Postal Básico Universal. En paralelo, las negociaciones paritarias continúan estancadas frente a un ofrecimiento salarial oficial que los gremios consideran insuficiente para frenar el deterioro del poder de compra del personal remanente.

La transformación del Correo Argentino reconfigura el mapa de las comunicaciones en el país. Mientras la gestión gubernamental defiende la reducción del gasto público y la apertura a la libre competencia, el repliegue de la infraestructura postal estatal plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso a servicios esenciales para las poblaciones alejadas de los principales nodos económicos.