Morosidad de las familias: el indicador privado alcanza su nivel más alto desde 2002

El atraso en el pago de deudas de los hogares argentinos ha encendido las alarmas del sistema financiero nacional. Según el último informe elaborado por la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central de la República Argentina (Bcra), la morosidad de las familias volvió a registrar un incremento durante mayo de 2026, alcanzando el 12,7%. Este registro posiciona al indicador en su nivel más complejo desde la salida de la ley de convertibilidad, período históricamente recordado como el «uno a uno». El fenómeno, que acumula diecinueve meses consecutivos en ascenso, refleja una marcada erosión en la capacidad de pago del sector privado y expone la vulnerabilidad de los ingresos frente a las obligaciones crediticias contraídas previamente.

El deterioro de la cartera de préstamos no fue exclusivo de los hogares, aunque estos componen el eslabón más crítico. En el segmento corporativo, la mora de las empresas se desplazó del 3,3% medido en abril al 3,5% en mayo. Con ambos vectores en alza, la morosidad total del sector privado consolidó un avance del 7,3% al 7,7% en el análisis intermensual. La velocidad del incremento estructural describe la magnitud del proceso: en menos de dos años, la tasa general de falta de pago se multiplicó por cinco, saltando desde un piso del 2,5% en octubre de 2024 hasta superar la barrera del 12% promedio en el segmento familiar durante el presente ejercicio. Se trata de la aceleración de deudas impagas más pronunciada desde la crisis socioeconómica de 2002.

Comportamiento de las entidades financieras y comerciales

La transversalidad del fenómeno afectó de forma casi unánime a las instituciones que operan en el mercado local. El relevamiento del Bcra detalló que, de las treinta entidades bancarias con mayor volumen de colocación de préstamos hacia las familias, veintiséis experimentaron un aumento de la mora en mayo respecto al mes anterior. Este dato corrobora que la problemática excede las políticas comerciales de una firma en particular y responde a un panorama macroeconómico generalizado.

El escenario se vuelve sustancialmente más severo al analizar el comportamiento de las entidades no financieras, sector que engloba a tarjetas de crédito de cadenas comerciales, financieras de consumo y cooperativas de crédito, y que representa aproximadamente el 17% del financiamiento total orientado a los hogares. En este ecosistema de crédito informal o complementario, la morosidad trepó en mayo al 32,2%. La cifra contrasta de manera dramática con los registros de hace dieciocho meses, cuando el índice de irregularidad en este tipo de instituciones se posicionaba por debajo del 10%.

La juventud en el centro de la vulnerabilidad financiera

El desglose demográfico de la Central de Deudores aportó uno de los datos más preocupantes para los analistas económicos: el segmento joven es el que presenta los mayores niveles de desborde financiero. Cuatro de cada diez personas menores de 35 años que poseen préstamos activos registran al menos una obligación en situación de mora, abarcando tanto los compromisos asumidos en la banca formal como en las estructuras no financieras.

El impacto según rangos etarios específicos se distribuye de la siguiente manera:

• Jóvenes de 18 a 25 años: Registran la tasa de irregularidad más alta del sistema, con un 42,8% de mora.

• Adultos de 26 a 35 años: El índice de incumplimiento alcanza el 39,3%.

• Adultos de 36 a 45 años: Se observa una moderación, ubicándose en el 31%.

• Adultos de 46 a 55 años: La tasa desciende al 23,5%, siendo el segmento con mayor estabilidad relativa.

El elevado índice de incumplimiento en las cohortes más jóvenes no solo compromete su situación financiera actual, sino que restringe severamente sus posibilidades futuras. Como consecuencia directa de las deudas impagas, más del 27% de las personas que tomaron financiamiento quedaron excluidas del sistema tradicional, perdiendo la condición de sujetos de crédito. Esta exclusión forzada bloquea el acceso a nuevas herramientas de liquidez y opera como un freno directo sobre los niveles de consumo interno de la economía.

Perspectivas económicas y retracción del mercado crediticio

Ante el incremento del riesgo de cobro, los actores del sistema financiero adoptaron estrategias disímiles. Mientras la banca pública realizó esfuerzos por sostener sus niveles de asistencia crediticia a los sectores productivos e individuales, las entidades financieras privadas optaron por un manejo prudencial del riesgo, aplicando un recorte visible sobre la oferta de nuevas líneas de financiamiento y endureciendo los requisitos de calificación.

Hacia adelante, las proyecciones de la Cendeu sugieren que el crédito a las familias difícilmente funcione como un dinamizador o motor relevante de la actividad económica en el corto plazo. La combinación de un universo creciente de deudores en situación irregular con una masa significativa de la población formalmente bloqueada del mercado institucional perfila un escenario de estancamiento en la demanda de financiamiento genuino. Sin una recuperación sostenible de los ingresos reales que permita sanear los pasivos existentes, el canal del crédito mantendrá una tendencia contractiva en los meses venideros.