Empleo público: el Gobierno de Milei eliminó más de 71 mil puestos estatales

El empleo público en Argentina atraviesa una reconfiguración estructural sin precedentes. Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, el Gobierno nacional oficializó la eliminación de 71.029 puestos en el sector público. La drástica medida responde a la política central de ajuste fiscal, desregulación económica y reducción del aparato estatal implementada por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la dotación de la esfera estatal sufrió una contracción masiva que modifica de raíz el mapa laboral de la administración pública, con un impacto profundo en ministerios, secretarías y empresas controladas por el Estado.

En noviembre de 2023, antes del cambio de gestión, la plantilla de trabajadores del Estado nacional ascendía a unos 343.000 empleados. Para mayo de 2026, esa cifra global cayó drásticamente a 273.000 trabajadores. Dentro del universo remanente, aproximadamente 87.000 agentes pertenecen al sector de empresas y sociedades del Estado, las cuales se encuentran bajo un estricto proceso de auditoría y reestructuración operativa.

El impacto fiscal y el ritmo de las bajas mensuales

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el encargado de convalidar el alcance de la reforma y enfatizar el ahorro fiscal directo que estas desvinculaciones significan para las arcas públicas. Desde la perspectiva oficial, el achicamiento de la estructura burocrática es una condición indispensable para consolidar el superávit financiero y eliminar de manera permanente la emisión monetaria espuria.

Por su parte, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, detalló en sus habituales conferencias de prensa que el ritmo del ajuste laboral se ha sostenido firmemente en el último bimestre. Durante este período, el recorte del empleo público promedió unas 3.000 bajas mensuales. Ravier explicó que esta dinámica responde directamente a la revisión exhaustiva de las estructuras orgánicas y las dotaciones de personal en todos los organismos, secretarías y dependencias de la Administración Pública Nacional. «Esa tarea continúa. En mayo se redujeron 3.014 puestos adicionales. Con esta nueva baja, desde el inicio de la gestión, ya se alcanzan los 71.025 cargos eliminados en el sector público nacional», ratificó el vocero.

Las dos visiones de un ajuste estructural

La drástica reducción de la planta estatal genera profundas divergencias analíticas entre los equipos técnicos de la gestión de La Libertad Avanza y los centros de investigación económica independientes. El oficialismo sostiene de manera tajante la necesidad de reducir el tamaño del Estado, argumentando que una burocracia sobredimensionada drena los recursos del sector privado e inhibe el crecimiento económico genuino.

En la vereda opuesta, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) emitió un duro diagnóstico sobre el devenir institucional del país. Desde el organismo advirtieron que una de las políticas medulares del gobierno ha sido el desguace sistemático del sector público. Según sus analistas, este proceso no solo afecta los programas o ministerios de la Administración Pública Nacional y las empresas del Estado, sino que erosiona gravemente la propia capacidad regulatoria y de control que posee el Estado frente a los actores económicos privados, trasladando el costo social del ajuste hacia las familias de los trabajadores despedidos.

Radiografía de los despidos en las empresas del Estado

El recorte de personal se aplicó de forma homogénea en la administración centralizada, pero mostró su faceta más severa y explícita en las corporaciones de capital estatal y los servicios de logística o transporte.

El Correo Argentino encabeza de manera absoluta el listado de desvinculaciones con 5.449 empleados menos, en el marco de un plan de retiros voluntarios y reestructuración de sucursales en todo el territorio nacional. En segundo lugar se ubica el Banco de la Nación Argentina, con 2.368 bajas contractuales; una cifra de gran peso político considerando que el Ejecutivo manifestó en reiteradas oportunidades su firme voluntad de avanzar hacia un esquema de privatización o apertura de su capital al sector privado.

El sector de transporte y logística también reportó variaciones contundentes. Aerolíneas Argentinas contabilizó un total de 1.993 despidos bajo la premisa oficial de alcanzar el déficit cero en la aerolínea de bandera. Asimismo, la Casa de la Moneda sufrió la desvinculación de 715 operarios y técnicos, una decisión que, según representantes gremiales, compromete seriamente la capacidad operativa e industrial de la institución para la emisión y acuñación de especies valoradas.

La Agencia de Publicidad del Estado, ligada a la pauta oficializada e institucional, registró 638 bajas, mientras que el transporte ferroviario de cargas, a través de la firma Belgrano Cargas y Logística, disminuyó su personal en 594 trabajadores. Finalmente, el complejo de Fabricaciones Militares prescindió de 450 empleados especializados.

El plan integral de reforma laboral del sector estatal argentino se mantiene activo en los ministerios y promete nuevas etapas de evaluación técnica. El devenir de la administración nacional dependerá del delicado equilibrio entre la eficiencia de costos perseguida por el Ejecutivo y la garantía de prestación de servicios esenciales a la comunidad.

Meta descripción: Desde la asunción de Milei, el empleo público sufrió un recorte histórico de más de 71 mil puestos entre 2023 y 2026, afectando a empresas del Estado.