Femicidios en Argentina: el 76% de las víctimas menores de edad tiene menos de 15 años

El panorama de los femicidios en Argentina expone una realidad devastadora que golpea con especial crueldad a los sectores más vulnerables de la sociedad: las niñas y las adolescentes. En medio de la profunda conmoción social generada por el reciente crimen de la adolescente Agostina Vega, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven (AQSNV) presentó un exhaustivo informe estadístico que recopila los datos de la violencia de género extrema en el país durante los últimos 11 años. El documento, elaborado en colaboración con la Universidad Nacional del Delta, enciende las alarmas al demostrar el ensañamiento y la desprotección que sufren las menores de edad en el territorio nacional.

El flagelo de la violencia machista sobre la infancia

De acuerdo con el relevamiento, que abarca el período comprendido entre el histórico primer Ni Una Menos del 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026, se registraron un total de 3.205 asesinatos de niñas, mujeres y personas travestis-trans. La investigación pone el foco de manera específica en una subcategoría crucial para la diagramación de políticas públicas: las víctimas menores de 17 años.

Los datos porcentuales obtenidos dentro de esta franja etaria son alarmantes y exponen la vulnerabilidad extrema de la niñez. Del total de casos de menores asesinados, el 30% de las víctimas tenía entre 0 y 5 años; el 19% se ubicaba en el rango de los 6 a los 10 años, y el 27% restante correspondía a adolescentes de entre 11 y 15 años. La sumatoria de estos indicadores arroja que el 76% de las víctimas menores de edad contempladas en el estudio no había cumplido los 15 años al momento de ser asesinada.

El informe resalta, además, dos componentes críticos que diferencian estos crímenes de los cometidos contra mujeres adultas. En el 22% de los casos de niñas y adolescentes asesinadas, existió una desaparición previa del hogar o de sus entornos habituales. Asimismo, el 19% de los cuerpos evidenció signos inequívocos de ataques contra su integridad física y sexual. La marcada presencia de la motivación sexual en este grupo de edad se constituye, según los especialistas del observatorio, en un factor determinante que las autoridades gubernamentales deberían considerar de forma prioritaria para el diseño de estrategias de prevención y abordaje temprano.

Una estadística que se mantiene invariable: un crimen cada 30 horas

El análisis histórico permite trazar una línea de continuidad dolorosa que remite a los orígenes mismos de la movilización social contra la violencia de género en el país. El movimiento Ni Una Menos nació justamente como una respuesta colectiva e indignada ante el femicidio de Chiara Páez, una niña de 14 años que se encontraba embarazada y fue asesinada por su novio en la provincia de Santa Fe. A partir de ese hito, la articulación entre organizaciones civiles, profesionales y universidades permitió la creación de organismos técnicos dedicados a contabilizar los femicidios en Argentina a través del monitoreo sistemático de los medios de comunicación, ante la histórica falta de registros oficiales unificados.

A lo largo de los 11 años analizados, la periodicidad de los crímenes arroja una regularidad escalofriante: en el país ocurre un femicidio cada 30 horas. El desglose de la cifra global de 3.205 casos detalla la existencia de 3.144 femicidios directos y 392 femicidios vinculados, definidos estos últimos como aquellos episodios donde el agresor asesina a terceras personas —como hijos, familiares o nuevas parejas de la mujer— con el objetivo de infligir un daño psicológico destructivo y definitivo a la víctima principal, o contra aquellas personas que resultan muertas al intentar interceder para salvar una vida.

El informe también ratifica que el peligro principal para las mujeres continúa anidando en la intimidad de sus hogares y en sus círculos de confianza. En el 42% de los casos tipificados, el agresor era la pareja actual de la víctima, mientras que en el 22% de las situaciones el asesino resultó ser la expareja, desmitificando la idea del atacante desconocido en la vía pública.

El debate conceptual y el retroceso en las políticas institucionales

Desde el Observatorio AQSNV insisten en la importancia política y jurídica de adoptar la variante del término «feminicidio», acuñada originalmente por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde. Esta conceptualización teórica excede la noción del mero homicidio perpetrado por un varón hacia una mujer, señalando de forma directa la responsabilidad institucional del Estado por la ausencia de políticas de prevención efectivas y la falta de respuestas adecuadas por parte del entramado legal y judicial encargado de proteger a las denunciantes.

En el contexto sociopolítico actual, el informe advierte sobre un marcado cambio de paradigma bajo la administración nacional del presidente Javier Milei. Desde el colectivo señalan una avanzada de discursos oficiales de corte antifeminista que cuestionan y desestiman categorías consolidadas internacionalmente como las de «femicidio» o «crimen de odio». Este posicionamiento discursivo tuvo su correlato material en la esfera de las políticas públicas con la disolución del exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como la parálisis y el desmantelamiento de programas de asistencia económica directa como el plan Acompañar, el cual resultaba vital para brindar autonomía financiera y patrocinio jurídico a las mujeres en situación de vulnerabilidad extrema.

A este panorama de desprotección estatal se añade el impacto de la crisis socioeconómica general, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y disidencias de los estratos más postergados. Los analistas describen la consolidación de una «cuádruple jornada laboral» que combina múltiples empleos precarizados para subsistir, el trabajo comunitario en comedores barriales, las tareas reproductivas y de cuidado familiar no remuneradas, y los trayectos formativos, reduciendo los márgenes de seguridad y las redes de contención frente a situaciones de violencia doméstica.

Hacia la urgencia de respuestas estructurales

La persistencia de las cifras de femicidios en Argentina y la extrema juventud de una gran porción de sus víctimas demuestran que las herramientas punitivas resultan insuficientes si no se implementan transformaciones estructurales. La comunidad educativa y las organizaciones sociales coinciden en que el cumplimiento efectivo de la Educación Sexual Integral (ESI), el fortalecimiento de los dispositivos territoriales de asistencia y la agilización de las medidas cautelares judiciales son pasos indispensables para detener una sangría que sigue cobrándose las vidas de decenas de niñas antes de que puedan proyectar su futuro.