Caso Ángel López: denuncian a dos psicólogas por los informes que permitieron su tenencia
La acusación sostiene que las evaluaciones profesionales fueron determinantes para que la Justicia entregara al niño de cuatro años a su madre, quien hoy está detenida por el asesinato.
El brutal asesinato de Ángel López, un niño de apenas cuatro años, ha desencadenado un nuevo frente judicial en Comodoro Rivadavia, Chubut. En esta oportunidad, el foco de la investigación se ha desplazado hacia la responsabilidad de los peritos que intervinieron en el proceso de revinculación familiar. Dos psicólogas, identificadas como Jennifer Leiva y Vanesa Marín, han sido denunciadas formalmente ante la Justicia bajo la acusación de haber elaborado informes que resultaron clave para que el menor fuera entregado a su madre, hoy principal sospechosa del crimen junto a su pareja.
Evaluaciones profesionales bajo sospecha
La denuncia, impulsada por una fundación dedicada a la protección de los derechos de la infancia, sostiene que las profesionales habrían incurrido en graves irregularidades al momento de evaluar la idoneidad del entorno materno. Según la presentación judicial, los dictámenes de Leiva y Marín no solo fueron determinantes para la decisión del juez interviniente, sino que habrían omitido señales de alerta críticas sobre la estabilidad y seguridad del niño.
La querella argumenta que existió una desconexión alarmante entre las conclusiones de las psicólogas y la realidad fáctica que rodeaba al menor. En este sentido, se busca determinar si hubo negligencia profesional al avalar una convivencia que terminó en tragedia, en lugar de priorizar el interés superior del niño y su integridad física.
La ausencia de estudios ambientales
Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es la presunta falta de un estudio ambiental exhaustivo. Los denunciantes sostienen que las evaluaciones se limitaron a entrevistas de gabinete, sin profundizar en las condiciones reales de la vivienda ni en la dinámica cotidiana del grupo familiar donde Ángel sería insertado. Este paso, considerado esencial en cualquier proceso de tenencia, habría permitido advertir la vulnerabilidad extrema del menor.
Además, la acusación resalta que la madre ya contaba con antecedentes de cuidados cuestionados en el ámbito judicial. La omisión o minimización de estos antecedentes en los informes psicológicos es lo que hoy coloca a las dos profesionales en una situación procesal comprometida, bajo sospecha de haber facilitado, a través de sus firmas, el escenario que derivó en el infanticidio.
Alertas ignoradas y cambios de conducta
La investigación penal ha comenzado a recolectar testimonios que agravan la situación. Según registros escolares y declaraciones del entorno cercano, Ángel López había comenzado a mostrar signos evidentes de angustia, enojo y cambios drásticos en su comportamiento antes de que se concretara el traslado definitivo con su madre. Estos indicios, que habrían sido reportados en el ámbito educativo, no fueron integrados ni analizados debidamente en los informes de las psicólogas denunciadas.
Para los denunciantes, estas «luces rojas» eran visibles y suficientes para detener el proceso de revinculación. Sin embargo, los dictámenes profesionales habrían mantenido una postura favorable a la entrega del niño, desoyendo las manifestaciones sintomáticas que el propio Ángel expresaba a través de su conducta diaria.
Un sistema en el ojo de la tormenta
El caso Ángel López vuelve a poner en debate la eficacia de los equipos interdisciplinarios que asesoran a los juzgados de familia. La tragedia de Comodoro Rivadavia expone las grietas de un sistema que, en ocasiones, prioriza los plazos administrativos o los sesgos ideológicos por sobre la seguridad efectiva de los niños. Mientras la madre y su pareja permanecen detenidas a la espera del juicio por asesinato, la causa contra las psicólogas busca sentar un precedente sobre la responsabilidad civil y penal de los peritos judiciales.
En conclusión, la muerte de Ángel no solo es un hecho criminal, sino un síntoma de un fallo sistémico. La denuncia contra las profesionales Leiva y Marín es el primer paso para determinar hasta qué punto un informe técnico puede transformarse en una sentencia de muerte cuando carece del rigor, la empatía y la profundidad que la protección de la infancia exige.
