El regreso forzado al trabajo: jubilados que deben ganarse la vida tras el retiro

La imagen del abuelo descansando tras una vida de aportes parece ser una postal en extinción en la Argentina actual. En los últimos dos años, la cantidad de jubilados y jubiladas que se vieron obligados a volver al mercado laboral se multiplicó 2,5 veces, principalmente en el sector informal. Este fenómeno, impulsado por haberes que no cubren la canasta básica, revela la cara oculta de una crisis que las estadísticas oficiales del INDEC, ahora bajo la gestión de Pedro Lunes tras la salida de Marco Lavagna, subestiman sistemáticamente.

El fenómeno del desempleo encubierto

A diferencia de los trabajadores activos tradicionales, este segmento etario no suele ser considerado en las mediciones de desocupación. Sin embargo, relevamientos privados, como el del Instituto Argentina Grande (IAG), advierten sobre un crecimiento del 11% interanual en la tasa de actividad de mayores de 66 años. No se trata de una prolongación voluntaria de la vida profesional, sino de una búsqueda de ingresos de carácter «supervivencial».

El estudio cataloga esta situación como «desempleo encubierto». Son personas que, aunque realizan tareas de pocas horas o changas inestables, no logran estabilidad ni ingresos dignos. La tasa de desocupación abierta, que oficialmente se ubica en un 6,6%, treparía al 13,8% si se incluyeran estas formas de inserción laboral precaria, conformando lo que los especialistas denominan un «desempleo blue».

Ingresos que no alcanzan para sobrevivir

El motor de este éxodo inverso hacia las oficinas, comercios o el volante de un taxi es estrictamente económico. A fines de 2025, la jubilación mínima se situó en 340.879 pesos. Si bien el Gobierno nacional mantiene un bono de 70.000 pesos, este se encuentra congelado desde marzo de 2024. Con una inflación que en 2025 alcanzó el 31,5%, el poder de compra real del haber mínimo retrocedió un 4,6%.

La erosión es más dramática cuando se analiza el refuerzo extra: el bono registró una caída del 23% en términos reales durante el último año. Para no perder contra la suba de precios, ese complemento debería haber alcanzado los 129.943 pesos en diciembre. Esta brecha empuja a cerca de 3 millones de jubilados —casi la mitad del total del sistema— a buscar alternativas fuera de la seguridad social para completar los 410.879 pesos de ingreso total, cifra insuficiente frente al costo de vida actual.

Una distorsión estadística preocupante

La metodología oficial contribuye a invisibilizar el problema. Para el INDEC, basta con haber trabajado una hora en la semana de referencia para ser considerado «ocupado». Esta lógica permite que el empleo precario y de baja productividad oculte la presión real sobre el mercado de trabajo. En las grandes urbes como la Ciudad de Buenos Aires, la presencia de adultos mayores en puestos de servicio o comercio es ya un paisaje cotidiano que los indicadores tradicionales no logran explicar.

Esta tendencia hacia el «trabajador adicional» senior marca un cambio cualitativo en la estructura social argentina. Ya no son solo los jóvenes quienes abandonan estudios para aportar al hogar; ahora son quienes ya habían cumplido su ciclo laboral los que deben retornar a la actividad en condiciones de extrema vulnerabilidad y sin protección social.

Conclusión: la deuda con la tercera edad

El regreso forzado de los jubilados al trabajo es el síntoma más claro del desequilibrio entre la cobertura previsional y las condiciones reales de subsistencia. Mientras el Gobierno nacional intenta sostener un relato de estabilidad económica, la realidad en las calles muestra una población mayor desprotegida que se ve obligada a postergar su descanso. Sin una actualización real de los haberes y del bono complementario, el mercado laboral informal seguirá siendo el único refugio para una generación que el sistema ha decidido dejar atrás.