Alarma por nueva disposición del Gobierno que flexibiliza controles migratorios sobre menores
Una medida de la Dirección Nacional de Migraciones exime a las empresas de transporte de verificar la documentación de menores en viajes internacionales, lo que genera preocupación sobre posibles riesgos de tráfico infantil.
En una decisión que ha generado fuertes críticas, el Gobierno nacional flexibilizó los controles sobre la salida de niños, niñas y adolescentes del país. La disposición 166/2025, publicada en el Boletín Oficial, exime a las compañías de transporte terrestre, aéreo y marítimo de la obligación de verificar la documentación accesoria de los menores de 18 años que viajen con ellas. La norma deja exclusivamente en manos de los controles fronterizos la tarea de fiscalización, eliminando un filtro clave que en numerosas oportunidades ha servido para detectar casos de tráfico de personas.
El texto firmado por Sebastián Pablo Seoane, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, indica que «las operadoras de transporte internacional de pasajeros resultarán dispensadas de requerir la documentación accesoria de egreso de los y las menores de 18 años». En otras palabras, ya no será requisito que las empresas verifiquen la presentación de autorizaciones de viaje u otros documentos antes de embarcar a menores en sus unidades.
Esta disposición contradice la política de prevención que había regido hasta ahora y que implicaba la existencia de múltiples instancias de control para garantizar que los niños y niñas que salían del país lo hicieran bajo las condiciones legales adecuadas. La eliminación de este filtro ha despertado preocupación en organismos de derechos humanos y especialistas en protección infantil, quienes advierten sobre los riesgos de flexibilizar los controles en un contexto en el que el tráfico de menores sigue siendo una problemática grave a nivel internacional.
Diversos sectores han recordado declaraciones previas del presidente Javier Milei en las que, en un marco teórico sobre el liberalismo extremo, sostuvo que la compra y venta de personas podría considerarse parte del mercado. Aunque el Gobierno no ha relacionado esta disposición con aquellas afirmaciones, la coincidencia temporal ha generado inquietud y reacciones de rechazo.
Desde organismos de protección de la infancia han señalado que esta medida va en sentido contrario a los estándares internacionales de lucha contra el tráfico infantil. «Eliminar controles intermedios reduce significativamente la capacidad de detección temprana de situaciones de vulnerabilidad», explicó una fuente ligada a la Justicia de Menores.
Por su parte, desde la Dirección Nacional de Migraciones sostienen que el objetivo de la disposición es «agilizar el tránsito internacional», sin que ello implique una disminución en los controles de frontera. Sin embargo, la experiencia indica que la supervisión adicional por parte de las empresas de transporte ha sido una herramienta fundamental para evitar la salida irregular de menores.
Ante las críticas, sectores de la oposición han solicitado la revisión inmediata de la disposición y la restitución de los controles previos a la salida del país. Mientras tanto, organismos de derechos humanos analizan posibles medidas legales para frenar su aplicación.
