Escándalo en el Ministerio de Capital Humano: $14 mil millones girados a la ONU sin concretar la compra de alimentos

La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras la transferencia de $14.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinada a la compra de alimentos para comedores populares. A pesar de la millonaria transferencia, el PNUD no ha concretado la adquisición de los alimentos, lo que ha generado serias dudas y cuestionamientos sobre la gestión de estos fondos.

El pasado 8 de febrero, Pettovello firmó la transferencia de $14.000 millones al «Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre». Esta acción, sin embargo, viola la Ley de Administración Financiera, que estipula la necesidad de aprobación y firma del Jefe de Gabinete para montos superiores a $2.700 millones. En ese entonces, el Jefe de Gabinete era Nicolás Posse, cuya firma no figura en el documento.

Esta denuncia se suma a una previa, donde la ministra fue acusada de haber transferido $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de alimentos, excediendo el límite autorizado de $2.700 millones. Ambos casos no solo muestran un patrón de irregularidades financieras, sino que también ponen en duda la transparencia y la integridad de la gestión de Pettovello en el Ministerio de Capital Humano.

El impacto de estas acciones es particularmente grave, considerando que los fondos estaban destinados a la compra de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad. La falta de concreción en las adquisiciones por parte del PNUD significa que miles de personas que dependen de los comedores populares no recibirán la asistencia necesaria.

En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, es imperativo que la ministra Sandra Pettovello y su equipo ofrezcan una explicación detallada y convincente sobre el destino de los fondos transferidos. La confianza pública en las instituciones está en juego, y la prioridad debe ser garantizar que los recursos destinados a la asistencia social lleguen a quienes más lo necesitan sin demoras ni irregularidades. La sociedad espera respuestas claras y acciones decisivas para corregir estas fallas y restaurar la integridad del sistema de asistencia alimentaria.