A 35 años del Juicio a las Juntas, la mirada de víctimas que aportaron testimonios clave
Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que declararon durante el juicio a los comandantes de las juntas militares de la última dictadura, aportaron pruebas decisivas para que los magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones condenaran por violaciones a los derechos humanos a varios de los ex comandantes de las Fuerzas Armadas.
El juicio de la Causa 13 comenzó el 22 de abril de 1985, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín llevaba menos de años, con una democracia aún no consolidada y con presiones de los sectores castrenses.
En el banquillo de los acusados estuvieron Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya, integrantes de las Juntas militares que gobernaron Argentina entre marzo de 1976 y junio de 1982.
El tribunal fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, compuesta por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, y Julio César Strassera como fiscal.
«Siento que ese juicio marcó un punto de inflexión en la historia argentina para que se conociera la verdad de lo que había pasado. Gracias a ese proceso oral, el país se convirtió en una referencia en políticas de derechos humanos y sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia», señaló en diálogo con esta agencia la periodista Myriam Lewin.
La actual directora de la Defensoría del Público y sobreviviente de la ESMA, aseguró que, para ella, como para muchos de sus compañeros de cautiverio, «contar lo sucedido en el juicio era un compromiso que no se podía eludir».
«Recordemos en el contexto en el que se produjo el Juicio. La amenaza del golpe estaba allí, todo el tiempo y nosotros, los testigos estuvimos muy expuestos. Los represores estaban libres y negaban todo; no había existido la ESMA ni los ‘vuelos de la muerte’; los militares decían que nosotros habíamos colaborado con ellos, y que los desaparecidos estábamos en Europa», repasó.
La periodista señaló que, durante su declaración, que se prolongó por más de cuatro horas, sintió «la mirada de los comandantes en la espalda», mientras daba testimonio de frente a los magistrados.
«Los defensores nos intimidaron con preguntas sobre nuestra militancia para desacreditarnos. Muchos de nosotros sufrimos amenazas y hasta nos armaron causas judiciales. A mí me implicaron en el secuestro de un directivo de Mercedes Benz. Todas operaciones de inteligencia de andamiaje represivo que seguía intacto», aseguró.
Lewin contó que los testigos que declararon en el juicio a las Juntas tomaban precauciones antes de concurrir a las audiencias, como dormir en otro domicilio antes de declarar y no viajar solos antes y después de declarar.
«A pesar de todo eso, valoro mucho el trabajo que hizo el fiscal Strassera y su equipo para contener a los testigos. En medio de todo ese clima», apuntó.
Strassera fundamentó su acusación en el «Nunca Más», el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por un decreto de Alfonsín, y corroboró las pruebas en base a las declaraciones de los testigos.
El 9 de diciembre, Videla y Massera resultaron condenados a reclusión perpetua con destitución; Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución, en tanto que Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.
«Creo que el juicio tuvo una significación más política que jurídica. No estuve de acuerdo con muchas de las condenas y con las absoluciones. Pero lo fundamental pasó por difundir todo lo que había pasado. Eso fue lo más importante. Lo que dijimos era la verdad», sostuvo Carlos Muñoz, otro sobreviviente de la ESMA que testificó durante siete horas.
Muñoz recuerda que las audiencias se desarrollaron en una sala amplia, con gente que fumaba y la mirada atenta y amenazante de los militares hacia a cada declarante.
«Desde los últimos años de la dictadura venía declarando en organismos, y en la instrucción de este juicio lo hice ante un tribunal militar. Tenía 24 años, había estado en el centro clandestino de Atlético y pensé que íbamos a participar de un juicio simbólico, en el cual se dieran algunas condenas y todo quedara allí», indico Miguel Ángel Dagostino, otro de los testigos de este juicio.
Y, en ese sentido, agregó: «Más allá de que algunos fallos no me conformaron y hubo absoluciones, las cosas se dieron de otro modo».
«En su veredicto, el tribunal dio instrucciones a los jueces que debían completar las investigaciones, y comenzaron a darse detenciones y procesamientos por otras causas», agregó.
Se abrieron expedientes por crímenes cometidos en el Primer cuerpo de Ejército, el Segundo, el Tercero, Campo de Mayo, La ESMA y el Circuito «Camps».
Ante esta situación, el sector militar presionó al poder político que cedió con las sanciones de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tras la rebelión «carapintada» de Semana Santa de 1987.
«Más allá de lo que sucedió en los años posteriores, la realización de ese juicio es un logro histórico. Haber juzgado a sus criminales, a sus dictadores es uno de los grandes méritos que tiene esta sociedad, que asumió una responsabilidad histórica de que esas cosas no pueden volver a suceder», puntualizó Lewin.
