Fernández aborda la deuda con las mujeres
Durante la apertura que hizo el presidente Alberto Fernández de las sesiones legislativas hubo un dato que rápidamente inundó las redes sociales, llamó a la reflexión y lleno de emociones a miles de mujeres que hace mucho tiempo vienen reclamando, juntándose, y llevando una misma voz, para hacerse escuchar, para hacerse ver: la problemática del aborto, legal seguro y gratuito en hospitales públicos
“Quiero ahora abordar un tema que llevamos mucho tiempo debatiéndolo entre nosotros. Se que para muchos, es un tema que tiene profundas implicancias personales. La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos. Distintos son los desafíos que enfrentan las mujeres que desean tener a su hijo de aquellos que asumen las que deciden interrumpir el embarazo”, comenzó diciendo el presidente, y asumiendo una responsabilidad en la que muchos han pasado y han mirado para el costado, o tirado debajo de la alfombra.
Para Fernández, sin embargo “un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud”.
El presidente reconoció que la legislación vigente no es efectiva. Desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. “Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde un criterio preventivo. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos”, expresa en su discurso, al tiempo que aclara “la existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma”
La apuesta es difícil y Fernández lo sabe, como también sabe que no se trata de una cuestión religiosa sino de una cuestión que apunta con claridad hacia la Salud Pública, “Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa, la que nos hace caer en un debate como este”.
“Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, sostuvo y entonces sucedió: las miles de mujeres que escuchan con el corazón apretado esperando respuestas vieron resultados: “dentro de los próximos diez días, presentaré un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”.
Simultáneamente, se enviará desde el Poder Ejecutivo Nacional, un programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado.
“Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza”, aclaró el presidente y remarcó “el Estado debe estar presente en esos tres momentos trascendentales de la familia para acompañar y brindar cuidado y protección: durante el embarazo de la mujer, en el nacimiento del hijo o hija y en el desarrollo de la primera infancia del recién nacido. Para ello necesitamos un Estado activo, con fuerte presencia, capaz de articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que necesitan su apoyo”.
Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida.
Luego del anuncio más emocionante dirigido a las mujeres le siguieron dos que no fueron menores, la intensión de seguir adelante con la implementación y cumplimiento efectivo de la Ley Micaela para la formación y capacitación del sector público en materia de género y violencias por razones de género, incluyendo la capacitación del presidente de la Nación y altas autoridades del Poder Ejecutivo.
“Durante este ejercicio, lanzaremos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-2021”, resaltó y anunció que “relanzaremos la Línea Nacional 144 para la atención, contención y asesoramiento telefónico a personas que atraviesen situaciones de violencia por razones de género”.
Para finalizar, otra apuesta importante en línea con lo anterior y que esperan las organizaciones feministas de argentina y de América Latina “el proyecto de Ley para la ratificación del Convenio N ° 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo. Es una expresión unánime de la comunidad internacional contra la violencia de género y el acoso en el mundo del trabajo”.
