La salud pública está en riesgo
El Gobierno Nacional busca reformar el sistema de salud y ya avanzado no solamente en sancionar en Julio de 2016 un Decreto de Necesidad y Urgencia que instaura la Cobertura Universal de Salud (CUS) en el territorio nacional, sino también en comenzar una prueba piloto en la provincia de Mendoza. Pero por lo menos, esta situación merece algunos interrogantes.
El primero es: ¿Qué pasa con el derecho a la atención pública de los ciudadanos?
La CUS es parte del avance del Mercado sobre los derechos, en particular en esta oportunidad sobre la salud pública. Para el Gobierno Nacional, la salud funciona mal, un argumento que por otro lado, se utilizó en la década del 90 para privatizar los servicios públicos en manos de empresas privadas.
Pero de la mano de este argumento, no se habla de las deficiencias de las partidas presupuestarias que el mismo gobierno nacional asigna para sostener la salud pública, y en cambio, se pretende instalar un una cobertura que funcionará para las “personas sin cobertura”, a través de una canasta de prestaciones para determinadas patologías que pueden ser resultas tanto por el sector público, como por el sector privado.
Pero se olvidan de un detalle: Según nuestra Constitución Nacional “toda persona tiene derecho a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. En nuestro país, el acceso a la salud pública, es por Ley, universal y gratuito. Lo cual plantea un primer problema. La idea de cobertura parte de una falacia en la cual en nuestro país deberían existir personas que hay que asegurar porque no tienen asegurada su salud.
Las palabras “Seguro” y “Cobertura”, implican necesariamente una relación de contrato y no de derecho, como aplica en el caso de nuestra Ley máxima y carta orgánica nacional. Así es como se genera un conjunto acotado de prestaciones y un Estado comprador de las mismas.
Vayamos al presupuesto nuevamente: la CUS se va costear con 29 mil millones de pesos del fondo solidario de redistribución de la superintendencia de riesgos de salud. Pero de ese dinero solo 8 mil millones serán utilizados por la unidad ejecutora. En concreto la idea es que la Cobertura tendrá recursos limitados y transferirá los otros recursos a las provincias y a los municipios.
La CUS se manejará con una CANASTA de prestaciones básicas: se trata de un conjunto básico de prestaciones y patologías que van a estar cubiertas, dejando una serie de patologías descubiertas que deberán ser costeadas por los pacientes, o sea el ciudadano común. Lo que permite suponer además que es lo que va a pasar con quienes no puedan pagar las patologías no cubiertas: la idea es generar una cobertura de salud para pocos, en vez de un derecho para todos.
La idea de inclusión de esta manera, queda totalmente desterrada de los planes del gobierno nacional, sobre todo en un derecho tan sensible como el de la salud, y la protección de los ciudadanos del territorio nacional, también. Si bien aún no ha adherido la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, considera el proyecto “oportuno”, y planea hacerlo en poco tiempo. En relación a esto, ya se han pronunciado y opuesto varias organizaciones que en su conjunto conformaron un Movimiento por el Derecho a la Salud, que opera tanto en el territorio nacional como en la provincia. Así como también varios diputados de Unidad Ciudadana y de partidos de Izquierda.
Pero lo peor de esta situación, es que la gran mayoría del pueblo argentino, no lo sabe, y que las palabras “cobertura” y “universal”, tienen cierto aire de protección; pero que en líneas generales solo promueven desprotección y exclusión. Será nuestra tarea reflejar la verdad y echar un poco de luz sobre situaciones tan oscuras.
