Denuncian al Gobierno por bloquear el acceso a los archivos del atentado a la AMIA
Las organizaciones que luchan por el esclarecimiento del ataque advierten que la administración de Mauricio Macri «quiere entregar los archivos a una empresa de software que trabaja para servicios de inteligencia extranjeros” y piden que se declare inconstitucional el decreto que ordena trasladar bajo la órbita del Ejecutivo los archivos reservados de la ex SIDE.
Los familiares de las víctimas del ataque a la AMIA denunciaron ante la Cámara Federal porteña que el Gobierno interfiere en el acceso a los archivos del atentado. En esa lína, pidieron que se declare inconstitucional el decreto por el cual el Ejecutivo decidió trasladar bajo su órbita los archivos reservados de la ex SIDE.
Desde Memoria Activa y Apemia denunciaron que el Gobierno interfirió en la desclasificación de los archivos secretos de inteligencia sobre el ataque terrorista y obstaculizó la posibilidad de acceder a ellos a las querellas y a los investigadores de la Unidad AMIA y del Grupo Especial de Relevamiento de Archivos (Gerad) de la Procuración General.
Los denunciantes sostienen además, que el Estado argentino está incumpliendo su compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de desclasificar información secreta.
Cabe recordar que el Estado argentino reconoció su responsabilidad en el atentado a la AMIA ante la CIDH en 2005 y se comprometió a proceder con la desclasificación de archivos. En 2015 a través de un decreto de Cristina Fernández de Kirchner determinó que los archivos secretos quedaran disposición de los fiscales que integran la Unidad AMIA y del Gerad, que digitalizaron todo el material.
La documentación pasó a la órbita del Ejecutivo, en la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA del Ministerio de Justicia, a cargo de Mario Cimadevilla. Por su parte, Laura Ginsberg, de Apemia (Agrupación por el Esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA), pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto por el cual el Ejecutivo decidió trasladar bajo su órbita los archivos reservados de la ex SIDE ante el juez a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, quien lo rechazó. Acompañaron el reclamo los integrantes de Memoria Activa, la agrupación de familiares 18 J, representantes de Amnistía Internacional y la Comisión Provincial por la Memoria.
Ginsberg explicó que «tenemos sospechas de que puede haber un negocio gestándose para entregar los archivos a una empresa de software llamada Palantir que trabaja para servicios de inteligencia extranjeros” y que pertenece “a la CIA, a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) de Estados Unidos y está asociada al Mossad de Israel”. Por su parte, la abogada de Memoria Activa, Soledad Ribeiro advirtió que “el Poder Ejecutivo pretende interferir en el proceso de desclasificación y en la custodia que está a cargo los investigadores de Ministerio Público Fiscal; esto paralizó todo”.
En esa línea, el fiscal Filippini explicó que los fiscales cuentan con unos 300 mil documentos procesados a los que ante la nueva situación no pudieron tener acceso las querellas.
