Sin público, sin cámaras de filmación y a puertas cerradas. Así será la audiencia del jueves próximo en las que se volverá a discutir el acuerdo para que el Correo Argentino salde su deuda con el Estado, luego del escándaloso “perdón” millonario para la familia Macri.

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no hizo lugar al pedido de la fiscal Gabriela Boquin quien había solicitado que se filme la nueva audiencia.

“A los fines de asegurar la transparencia buscada por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo que la misma es de especial interés para esta Fiscal -atento a que diversas publicaciones se refieren a mi actuación en forma difamatoria y falaz, atribuyéndole finalidades inexistentes o ajenas a la misma- es que a V.E. solicito que la/s audiencia/s que se realice/n sea/n filmada/s”, señaló Boquin, quien desnudó que el Estado había aceptado un acuerdo que describió como “abusivo”, “ruinoso” e “inadmisible”.

“Lo que solicito no sólo resultará útil a los fines de obtener mayor transparencia del acto sino también garantizará la seguridad y la prevención de presiones tendientes a alterar el cumplimiento de mi deber en la protección del interés general”, agregó la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Sin embargo, las camaristas María Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini no hacieron lugar al pedido de Boquin. “La transparencia a la que se alude en el escrito (del Estado Nacional) se vincula con la aceptación de la propuesta y no a lo actuado en esta sede”; además, agregó, “las actas que dan cuenta de las audiencias son suscriptas por los comparecientes previa lectura y ratificación, a lo que se agrega que las mismas son incorporadas al registro informático”, indicaron.

De esta manera, todo lo que ocurra en la audiencia quedará sin registro fílmico.

El Presidente fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni por el acuerdo por la deuda del Correo Argentino, al igual que el ministro Aguad y Juan Carlos Mocoroa, secretario de Asuntos Jurídicos de esa cartera.

Boquín había rechazado el acuerdo entre las partes y lo calificó de “abusivo” al favorecer a la ex concesionaria con una quita de 70 mil millones de pesos a 2033.