Legisladores nacionales denunciaron que los jujeños viven “en un Estado policíaco y militar”
Se reunieron con la fiscal Liliana Fernández de Montiel, pero calificaron el encuentro como “muy malo” porque la funcionaria judicial “es totalmente dependiente de la estrategia de persecución a la Tupac Amaru que viene desarrollando el gobernador Gerardo Morales”. Luego visitaron a Milagro Sala en la comisaría donde se encuentra detenida. A la fuerte presencia policial, suman ahora militares.
Los diputados del Frente para la Victoria (FpV), Leonardo Grosso y Edgardo Depetri, lograron hoy mantener un encuentro con Liliana Fernández de Montiel en la Fiscalía de Investigación Nº 1, quien ordenó la detención de Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur.
“Estuvimos media hora en la puerta esperando para que nos recibiera, nos cerraron la puerta, trajeron a la Infantería, llenaron de policías que no tienen identificación este Palacio de Justicia, o mejor dicho de Injusticia, y cuando nos recibió la fiscal lo hizo sin ninguna voluntad de diálogo”, contó Grosso.
El legislador agregó que el balance de la reunión “es muy malo” porque Fernández de Montiel “no reconoció en ningún momento que Milagro es una presa política y que está detenida por protestar”.
“Esta Fiscalía es una delegación del gobierno de la provincia de Jujuy, no tiene ninguna autonomía. Aquí no existe la justicia independiente; todo lo contrario, es totalmente dependiente de la estrategia de persecución a la Tupac Amaru que viene desarrollando el gobernador Gerardo Morales”.
Grosso y Depetri llegaron ayer a Jujuy con su compañera de bloque, Carolina Gaillard, y los diputados bonaerenses Adrián Grana y Miguel Funes, luego de presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Lo único que queremos es la libertad de la compañera Milagro Sala. Su detención es ilegal, ilegítima, es injusta, es machista, es violenta, es autoritaria. En Jujuy se está viviendo en un Estado policíaco y militar, no en un Estado democrático”, subrayó Depetri y agregó que “entre todos vamos a liberar a Milagro”.
Más tarde, el grupo de legisladores se dirigió a la Comisaría de la Mujer de San Salvador de Jujuy, donde se encuentra detenida la dirigente de la Tupac Amaru desde el sábado pasado.
En diálogo con los medios, Grana denunció que fueron “requisados” antes de ingresar y que no pudieron mantener un encuentro en privado con Sala, ya que “pusieron una oficial durante la reunión”.
Desde la Comisaría, también se refirió a la audiencia con la fiscal Fernández del Montiel, a quien calificó como “una maltratadora serial”
“Los compañeros que asistieron a la reunión no pudieron mantener una charla razonable con ella. Está siendo la escribanía del gobernador Morales”, afirmó.
El diputado bonaerense sostuvo que las decisiones de la justicia jujeña son “arbitrarias e inconstitucionales” y recordó que el juez Gastón Mercau rechazó el hábeas corpus y el pedido de excarcelación solicitado por la defensa “cuando el delito del que se acusa a Sala se trata de una simple contravención municipal, que es excarcelable. Milagro Sala es la primera presa política de la era macrista”.
La criminalización de la protesta social se recrudece en Jujuy. Al fuerte despliegue policial que ordenó Morales, se sumó hoy la presencia de militares en las calles. Organizaciones sociales difundieron la foto de un efectivo con un arma de guerra en el barrio capitalino de Los Persles.
Sin embargo, la Red de Organizaciones Sociales encabezada por la Tupac Amaru se muestra decididida a continuar el acampe en la plaza Belgrano hasta que Sala sea puesta en libertad y se garanticen los puestos de trabajo de las cooperativas. Lo ratificó en un acto realizado esta semana frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, del que participaron Julia Perié, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur;los diputados nacionales Marcelo Santillán, Mabel Carrizo y Verónica Mercado Jaime (Catamarca); la secretaria de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores, Renee Ahualli; madres y familiares de detenidos y desaparecidos de Jujuy; ATE; el Partido Comunista; Apyme; entre otros.
Además se hacen sentir otros reclamos como el de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que exigieron la “inmediata libertad” de Sala.
“Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
