A 5 años del femicidio, los padres de Micaela García piden la intervención de la Corte Suprema
Néstor «Yuyo» García y Andrea Lescano exigieron una «reforma del sistema judicial» y advirtieron que en la mayoría de los casos de mujeres asesinadas en el marco de violencia de género «se sigue revictimizando a las víctimas, actuando tarde y siendo indiferente».
Los padres de Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada el 1 de abril de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguay, reclamaron hoy la revisión de la causa por parte de la Corte Suprema de la Nación y dijeron que en los últimos cinco años «muchas cosas no han cambiado» y que «en la mayoría» de los casos la justicia «actúa tarde o con indiferencia».
Néstor «Yuyo» García y Andrea Lescano exigieron una «reforma del sistema judicial» y advirtieron que en la mayoría de los casos de mujeres asesinadas en el marco de violencia de género «se sigue revictimizando a las víctimas, actuando tarde y siendo indiferente».
El femicidio de Micaela, que instaló la urgencia de la perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado, se produjo en la madrugada del 1 de abril de 2017 a la salida de un boliche en Gualeguaychú, cuando la joven de 21 años fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.
De acuerdo con los peritajes forenses, la joven había sido violada y estrangulada el mismo día en que desapareció.
El asesinato de Micaela derivo en la sanción en diciembre de 2018 de la Ley 27.499, más conocida como «Ley Micaela», que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado.
En diálogo con Télam, Néstor, acompañado por Andrea, advirtió que desde 2017 «muchas cosas no han cambiado» y por eso «a las pibas las siguen matando no sólo los femicidas sino, también, un Estado sin perspectiva de género».
En ese sentido, exigió una reforma judicial para que el sistema de justicia argentino «tenga intervenciones adecuadas y rápidas y no perpetúen la impunidad».
También reclamó por una «aplicación efectiva» de la llamada «Ley Micaela» en el Estado Nacional, provincial y municipal, en la justicia y las fuerzas de seguridad, y un «fortalecimiento» de las áreas de género.
En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, remarcó que Micaela «sigue interpelando» y enseña a través de «su militancia llena de sueños, su compromiso con la justicia social y la igualdad de género».
«Micaela es ese futuro por construir, una sociedad sin violencia, sin miedos, con amor. Esa es la tarea», completó el mandatario provincial en su cuenta de Twitter.
La vicegobernadora, Laura Stratta, aseguró que en «los sueños, convicciones y la fuerza militante de Micaela está la semilla para sembrar una sociedad más igualitaria y sin violencias», y pidió «seguir construyendo el camino para hacerla realidad».
En junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena a prisión perpetua para Sebastián Wagner (de 31 años) por el abuso sexual y el homicidio de Micaela, y ordenó anular la sentencia para Néstor Pavón (de 35), para quien solicitaron que sea sometido a un nuevo juicio oral.
Sin embargo, Pavón recuperó su libertad el 4 de septiembre de 2020 luego que la Justicia entrerriana aceptara su camioneta como alternativa a la caución de un millón de pesos que le había sido interpuesta, tras permanecer detenido tres años y cuatro meses.
«Nosotros creemos que Néstor Pavón también participó de la violación y del femicidio. Hay elementos en la causa como para suponer esto. El mismo Wagner dice que él la violó, pero que el que la mató fue Pavón», detalló el padre de Micaela, quien era estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita.
Por esa razón, decidieron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): «Es la última instancia en el país que tenemos para apelar», afirmó.
«Hace dos semanas, tuvimos la noticia de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos elevó el expediente a la Corte Suprema de la Nación», aseguró Néstor, que fue «en queja» al máximo tribunal porque la Justicia entrerriana no actuaba.
