Reclaman “compromiso presupuestario” en políticas públicas para superar la violencia de género
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires sostiene que las recomendaciones de la ONU adquieren especial relevancia en el marco del Día de la No Violencia Contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre.
Mediante un comunicado difundido en la fecha, la defensoría del Pueblo señala que “Las recomendaciones de los organismos internacionales que evaluaron las políticas del Estado para la eliminación de la violencia contra las mujeres, acompañaron el sostenido reclamo de organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de control”.
Luego continúa diciendo que “En este 25 de noviembre, una fecha emblemática para la lucha de las mujeres, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (OVG), recalca la trascendencia de los señalamientos del Comité Cedaw y la Relatoría de Violencia contra las Mujeres de Naciones Unidas”.
Más adelante sostiene que los pronunciamientos de estos organismos deben convertirse en plataforma de las políticas públicas y de una sostenida exigencia al Estado argentino y los Estados provinciales y municipales, y pueden resumirse en los siguientes puntos:
Asignación presupuestaria y armonización legislativa
«El movimiento Ni Una Menos se adelanta al problema: el Estado debe ponerse a la par e intensificar sus esfuerzos por evitar los femicidios», señaló la relatora de Violencia contra las Mujeres de la ONU, Dubravka Simonovic, que visitó nuestro país y se hizo eco de las graves situaciones de violencia contra las mujeres. La jurista croata solicitó recursos presupuestarios para la implementación de nuevos refugios para las víctimas de violencia de género y trata de personas y solicitó que sean considerados femicidios todas las muertes de mujeres ocurridas por este tipo de violencia.
En el mismo sentido, fueron las recomendaciones del Comité Cedaw. Las expertas señalaron que el Plan Nacional presentado por el Estado argentino resulta insuficiente sin la asignación de un presupuesto que garantice la asistencia a mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional.
Este señalamiento fue acompañado por otro que hace tiempo viene realizando el OVG: la necesidad de armonizar las leyes provinciales y municipales a los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. Un ejemplo elocuente resulta la legislación nacional que prohíbe la utilización de la mediación en casos de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres cuando, sin embargo, en la provincia de Buenos Aires sigue usándose la mediación penal en estos casos. O la vigencia de ordenanzas municipales que habilitan lugares de explotación sexual a pesar de que la legislación nacional lo prohíbe expresamente. Este mismo señalamiento realizado por el Comité Cedaw fue retomado por Simonovic: «Preocupa la falta de coordinación sistemática e institucionalizada entre los gobiernos nacional y provinciales, en especial entre el Consejo Nacional de la Mujeres y las Oficinas de la mujer provinciales y municipales”, sostuvo.
Violencia sexual y una reforma pendiente
La relatora de la ONU expresó que debe modificarse el Código Procesal Penal Nacional, que actualmente establece que los delitos de violencia sexual son de instancia privada (es decir que si la víctima no impulsa el proceso judicial, el hecho no se investiga). «Este tipo de regulación envía un mensaje equivocado que nos lleva a pensar que las violaciones y la violencia sexual son un asunto privado y no público”, indicó.
Cupo laboral trans y crímenes de odio
El Comité Cedaw recomienda la aplicación de la ley de cupo laboral trans en todas las provincias y municipios. También manifestó su preocupación frente a los delitos de odio contra las personas lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, considerando además las prácticas de hostigamiento por parte de la policía y asesinatos de mujeres trans.
Mujeres presas y medidas alternativas a la prisión
Respecto a las mujeres criminalizadas, desde el OVG se señala el impacto que ha producido la persecución del narcomenudeo en el aumento del encarcelamiento de mujeres pobres e inmigrantes, la mayoría de ellas bajo un régimen de prisión preventiva. En este sentido, las recomendaciones del Comité Cedaw que hacen referencia al cumplimiento por parte del Estado de las Reglas de Bangkok, las obligaciones de investigar y sancionar a los responsables por actos de tortura y adoptar medidas para limitar el uso de la detención preventiva de mujeres y hacer efectivas las medidas alternativas a la prisión.
Acceso al aborto
El Comité Cedaw expresó su preocupación por las limitaciones de acceso al aborto legal e instó a que todas las provincias aprueben protocolos sobre la práctica del aborto no punible, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso FAL y en consonancia con el Protocolo nacional, garantizando que las mujeres tengan acceso a un aborto seguro. El Comité Cedaw recomendó también la implementación de la ley de Educación Sexual Integral en todas las provincias.
Violencia machista y desigualdades estructurales
Por último, y además de estos señalamientos puntuales, los organismos internacionales coincidieron en señalar que la importancia del movimiento “Ni Una Menos” en visibilizar la persistencia de la cultura machista y las desigualdades estructurales entre varones y mujeres que promueven distintos hechos de violencia y discriminación hasta llegar al femicidio. El Comité Cedaw planteó que deben implementarse políticas públicas que garanticen el acceso de las mujeres a la tierra, la vivienda, el empleo formal y una responsabilidad equitativa en las tareas de cuidado. Esta observación vuelve sobre la necesidad de adoptar, como lo exigen las expertas de ONU, “una estrategia global dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas para superar la cultura del machismo y los estereotipos discriminatorios”
