Paro docente universitario: tres nuevos días sin clases y fuerte tensión por el presupuesto
El paro docente universitario convocado por 72 horas afectará a facultades y colegios de todo el país en reclamo de una recomposición salarial y el cumplimiento de la ley.
Un nuevo paro docente universitario de 72 horas paraliza desde este miércoles el normal dictado de clases en las universidades nacionales de todo el país. La medida de fuerza, impulsada por sindicatos de gran peso como Conadu y Conadu Histórica tras el fracaso de la paritaria salarial, se extenderá hasta el viernes e impactará no solo en las facultades, sino también en los colegios secundarios dependientes de las casas de altos estudios. Con este cese de actividades, el año académico acumulará alrededor de 35 días perdidos frente a un conflicto que profundiza el desgaste institucional.
El trasfondo del conflicto y el fallo judicial
La protesta da continuidad a las medidas realizadas la semana pasada y se enmarca en la exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios ratificaron que el plan de lucha solo se levantará si el Gobierno de Javier Milei efectiviza la recomposición salarial del 33,4% estipulada por dicha normativa y requerida por la reciente intimación del juez federal Martín Cormick, quien exigió al Ejecutivo dar «cumplimiento total» a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos referidos a salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles.
Para las organizaciones sindicales, este paro funciona como una escala clave dentro del plan de acción que apunta directamente hacia la próxima Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre. Durante las jornadas previas, los gremios prevén realizar diversas actividades de visibilización y asambleas para fortalecer la organización colectiva frente a lo que definen como un contexto de fragmentación impulsado desde la administración central.
Presupuesto 2027 y la disputa por los recursos
La tensión gremial e institucional se da en paralelo a la discusión parlamentaria por el Presupuesto 2027, donde el Ejecutivo nacional asignó una partida de $7,3 billones para las universidades públicas. Sin embargo, la cifra dista significativamente de los $11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones.
Según estimaciones del sector, casi el 90% de los recursos solicitados se destina exclusivamente al pago de sueldos de docentes y no docentes. El 10% restante contempla gastos de funcionamiento operativo, obras de infraestructura, proyectos de investigación, becas estudiantiles y el mantenimiento de los hospitales universitarios. La brecha presupuestaria, sumada a la judicialización de las paritarias, anticipa un panorama de alta conflictividad para los próximos meses en el sistema educativo superior.
Conclusión
La profundización del paro docente universitario refleja la magnitud de una crisis que combina reclamos salariales urgentes, tensiones presupuestarias de mediano plazo y un fuerte debate judicial. A pocas semanas de una nueva movilización federal, la comunidad académica busca respuestas concretas que garanticen la sostenibilidad de la educación pública en medio de un escenario macroeconómico sumamente complejo.
