Jubilados de la mínima: perdieron seis meses de haberes

Los jubilados de la mínima sufrieron un retroceso económico sin precedentes entre diciembre de 2023 y junio de 2026, acumulando una pérdida de poder adquisitivo equivalente a casi seis meses completos de haberes. De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la licuación inflacionaria inicial, la ausencia de aumentos reales por encima del costo de vida y el congelamiento sistemático del bono previsional provocaron una merma real del 40% en los ingresos, forzando a miles de adultos mayores a reincorporarse al mercado de trabajo informal o a endeudarse con prestamistas no bancarios para cubrir gastos de primera necesidad.

La mecánica del desfasaje: inflación y bono congelado

El deterioro de los ingresos de la clase pasiva se consolidó a través de un esquema que combinó el shock inflacionario del inicio de mandato con la decisión política de no aplicar mecanismos retroactivos de compensación tras el veto presidencial a la ley de recomposición previsional sancionada por el Congreso. A este cuadro se sumó la pérdida relativa frente a la inflación mensual, donde las actualizaciones automáticas no lograron compensar el salto de precios acumulado.

Un componente determinante en la profundización de la brecha fue el congelamiento nominal del refuerzo previsional. El bono de $70.000, instituido para apuntalar el haber básico, permaneció fijo durante 28 meses consecutivos. Mientras que las escalas jubilatorias superiores recibieron ajustes porcentuales periódicos sobre la totalidad de su haber, los beneficiarios del piso contributivo experimentaron una licuación acelerada de su ingreso total debido al peso específico que el bono congelado tiene sobre su liquidación mensual.

La dimensión cuantitativa del retroceso acumulado

El cálculo monetario elaborado por el equipo técnico de la UNDAV cuantifica el impacto directo sobre el bolsillo de los beneficiarios. Hacia junio de 2026, la pérdida acumulada para una persona que percibe el haber básico alcanzó los $2.721.627 a valores constantes. Esta masa de recursos no percibidos equivale a 5,75 haberes mínimos integrados con bono, lo que representa prácticamente medio año de ingresos desintegrados por la dinámica inflacionaria.

El análisis advierte sobre el carácter irrecuperable de esta brecha sin una modificación legislativa de fondo. Dado que los esquemas de indexación corriente operan sobre valores presentes, las sumas resignadas en el pasado reciente quedan consolidadas como una pérdida estructural que no se subsana con ajustes que únicamente empaten la inflación futura.

Reincorporación laboral precaria y feminización del impacto

La asfixia presupuestaria provocó una alteración directa en la dinámica de retiro de los beneficiarios. El informe documentó que más de 27.000 personas mayores de 65 años debieron volver al mercado laboral formal o informal para generar recursos complementarios ante la insuficiencia de los aportes realizados durante su vida activa.

Esta reinserción se produce bajo condiciones de alta precariedad y vulnerabilidad laboral, manifestándose de manera más aguda en el segmento femenino. La tasa de empleo no registrado entre las mujeres adultas mayores escaló del 51,2% en diciembre de 2023 al 61,6% hacia fines de 2025. La carencia de vacantes formales para esta franja etaria canaliza la oferta de mano de obra hacia changas, servicios domésticos y tareas de baja remuneración carentes de cobertura de salud o aportes.

Endeudamiento en el circuito no bancario y tasas usurarias

El panorama de vulnerabilidad se agrava por el acceso al financiamiento de subsistencia. Tras la interrupción de los créditos que otorgaba la ANSES a tasas subsidiadas y frente a los requisitos excluyentes de la banca comercial tradicional, los adultos mayores quedaron canalizados hacia el mercado de crédito extrabancario.

A partir de registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la UNDAV detectó que en febrero de 2026 un total de 1.345.954 personas mayores de 65 años registraban compromisos de deuda vigentes con financieras de consumo y billeteras virtuales. Este universo refleja un incremento del 17,7% en solo catorce meses, lo que significa que más de 203.000 jubilados debieron solicitar préstamos de alto costo financiero desde fines de 2023 para costear alimentos, tratamientos farmacológicos y servicios básicos, comprometiendo sus haberes futuros en un ciclo de endeudamiento recurrente.