Juicio por Loan Peña: jefe policial afirmó que al nene se lo llevaron

Revelaciones contundentes en el Tribunal de Corrientes

En una jornada decisiva del juicio por Loan Peña, las declaraciones testimoniales volvieron a sacudir la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Corrientes. La postura de las fuerzas de seguridad operativas fue tajante desde el primer minuto. El comisario mayor de la Policía Federal Argentina y jefe del Comando Unificado Corrientes, Fabio Alejandro Pirrone, descartó de plano que el menor de cinco años se haya traspuesto por sus propios medios la tarde del 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal.

«El nene no se perdió», disparó Pirrone de manera contundente al iniciar su exposición frente a los jueces. El jefe policial sostuvo que, basándose en la experiencia criminalística y en los patrones de comportamiento infantil, en escenarios de monte o campo abierto los niños de corta edad no suelen alejarse a grandes distancias del último punto de contacto. Remarcó además que, pese a la rápida movilización de recursos humanos, perros rastreadores, drones y tecnología de despliegue territorial, el menor nunca apareció por la sencilla razón de que ya no se encontraba en el perímetro rastreado.

Críticas a los fiscales y las primeras maniobras judiciales

El testimonio de Pirrone elevó de inmediato la temperatura del debate al enfocar sus críticas hacia la actuación inicial de la Justicia provincial. El comisario cargó duramente contra los primeros fiscales que tuvieron a su cargo la causa en la jurisdicción local, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry. Según la versión expuesta por el jefe policial, ambos funcionarios habrían forzado la inclusión de la hipótesis de la trata de personas en los peritajes telefónicos iniciales con el objetivo de desprenderse del expediente y derivar la responsabilidad operativa y judicial a la Justicia Federal de Goya.

«Decían que había indicios de trata, pero no era así», lanzó el testigo, al tiempo que detalló las irregularidades detectadas en el manejo de las actuaciones durante los momentos más críticos del operativo de búsqueda.

Dentro del abanico de inconsistencias expuestas en la sala, Pirrone resaltó las marcadas contradicciones en los relatos de Bernardino Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi al momento de reconstruir quién observó a Loan por última vez. Asimismo, puso especial énfasis en un dato técnico relevante: una llamada telefónica de nueve minutos entre Benítez y Laudelina Peña concretada inmediatamente después de reportarse la desaparición del niño, un lapso de tiempo que resulta sumamente sugestivo para los investigadores.

La conducta de los sospechosos bajo la lupa

La declaración del alto mando policial también sumó elementos comprometedores sobre la conducta adoptada por el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez. El testigo calificó como sumamente extraña la actitud de la pareja durante las horas posteriores al hecho. «Nos llamó la atención que quisieran volver al pueblo para ver un partido de fútbol cuando sabían que se había perdido un chico y que además se había cortado el suministro eléctrico», señaló en la audiencia.

A este comportamiento se añadió otro movimiento que despertó sospechas en las fuerzas de seguridad: la decisión del matrimonio de guardar y dejar bajo custodia sus vehículos particulares dentro de la propia comisaría local. Según trascendió, la pareja justificó dicha acción en el supuesto temor a que los rodados fueran contaminados por terceros, una maniobra que terminó generando mayor desconfianza en el equipo investigador.

Por otra parte, el comisario no ahorró críticas al referirse a la irrupción de falsos referentes vinculados a la Fundación Dupuy, mencionando de manera específica a Nicolás Gabriel Soria. A este último se le habían secuestrado en su momento dos dispositivos iPhone que no registraban conexión a la red celular. Pirrone reveló contenidos de chats donde los implicados planeaban instalar hipótesis falsas en los medios de comunicación a cambio de financiamiento municipal. En esos mensajes, según detalló, los involucrados expresaban abiertamente su intención de «sacarle plata» al intendente de la localidad de 9 de Julio.

Peritajes técnicos y tensión en la audiencia

El testimonio policial también arrojó dudas sobre la efectividad de las Cámara Gesell realizadas durante la etapa de instrucción. El testigo explicó que en contextos de alta presión o trauma, los menores suelen fabular por temor, lo que dificulta la obtención de un relato puro. A esto se sumó la confirmación de que en varios de los teléfonos celulares incautados a los imputados se detectó un borrado sistemático y profesional de archivos, imágenes y conversaciones que los peritos informáticos no lograron recuperar.

La intensidad del debate oral generó constantes cruces entre las partes. La declaración posterior del exviceintendente de 9 de Julio, Luis Alberto González, provocó que el tribunal interviniente llamara severamente la atención a las defensas técnicas debido a reiteradas e indebidas interrupciones durante el interrogatorio.

El aspecto técnico de la jornada quedó sellado con la exposición del perito químico Juan Osvaldo Ronelli, quien confirmó que las muestras levantadas mediante la reactivación con luminol en la camioneta de Pérez y Caillava daban positivo para sangre humana masculina. Sin embargo, el especialista aclaró que debido a la degradación de la muestra no fue posible extraer un perfil de ADN completo para cotejo.

El desgaste físico y emocional de la jornada terminó pasando factura en la banca de los acusados: sobre el cierre de la audiencia, Bernardino Benítez sufrió un cuadro agudo de hipertensión arterial que obligó a su retiro del recinto para recibir atención médica de urgencia.