Criptomonedas bajo la lupa: ordenan nuevas medidas de prueba contra Adorni

El fiscal Pollicita investiga el patrimonio del jefe de Gabinete y de su entorno familiar, tras detectar marcadas inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes.

La Justicia federal avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una batería de nuevas medidas de prueba con el objetivo de reconstruir de manera exhaustiva la historia laboral, económica y patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti. La investigación penal busca determinar la trazabilidad de los fondos y el origen de las inversiones de la pareja, poniendo el foco sobre una justificación ligada a la supuesta compra temprana de bitcoin y una herencia familiar con llamativas variaciones numéricas.

La reconstrucción patrimonial desde 2012

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal abarca un período de análisis retroactivo que se extiende hasta el año 2012. A través de estas disposiciones, Pollicita busca cotejar los ingresos formales de Adorni y de su esposa con la evolución real de sus activos, intentando precisar si el nivel de vida y las adquisiciones detectadas guardan correlación con los salarios y honorarios percibidos en el ámbito privado y público.

Para lograrlo, la fiscalía ya solicitó la intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el fin de obtener los recibos de sueldo históricos de ambos. El objetivo central de la medida es verificar detalladamente cada inconsistencia detectada en las declaraciones juradas presentadas por el actual jefe de Gabinete, estableciendo un mapa claro de sus flujos financieros antes de su llegada a la función pública.

El laberinto de las criptomonedas y la CNV

Uno de los puntos más complejos del entramado judicial radica en el mercado de activos digitales. Tras el intento de Manuel Adorni por justificar el crecimiento de sus bienes mediante inversiones en criptomonedas, el fiscal Pollicita libró un oficio clave a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En dicho documento, se le exige al organismo regulador la remisión de todos los datos disponibles sobre operaciones de blockchain autorizadas en la República Argentina desde el año 2012. La Justicia intenta validar la veracidad de los movimientos declarados por el funcionario, analizando las fechas de compra, las billeteras virtuales involucradas y los montos operados en plataformas de intercambio locales e internacionales.

El examen de la herencia y la sucesión de 2002

El relato oficial respecto al origen de la riqueza de Adorni sumó un capítulo particular vinculado a la sucesión de su padre, Jorge Adorni, quien falleció en el año 2002. Según la defensa informal del funcionario, el hallazgo fortuito de una importante suma de dinero en efectivo dentro de un inmueble familiar habría sido el capital inicial que le permitió adquirir sus primeros bitcoins.

La fiscalía dispuso revisar el expediente sucesorio original de forma minuciosa. La lupa judicial se posa sobre las profundas diferencias detectadas en los documentos presentados por el vocero: en su declaración jurada del año 2024, Adorni informó haber recibido la suma de $10.2 millones en concepto de herencia; sin embargo, al año siguiente, ese mismo ítem escaló de manera llamativa hasta alcanzar los $73 millones de pesos.

El entorno familiar bajo sospecha

La pesquisa coordinada por Pollicita no se limita de forma exclusiva al matrimonio. Las líneas de investigación actuales también se extendieron hacia el patrimonio de su hermano, Francisco Adorni, quien se desempeña como diputado provincial por el espacio oficialista La Libertad Avanza (LLA).

El Ministerio Público Fiscal ordenó analizar y contrastar las declaraciones patrimoniales y los antecedentes financieros del legislador bonaerense, buscando determinar si existieron cruces de fondos, préstamos cruzados o sociedades compartidas que pudieran haber servido como herramientas de desvío o cobertura para los activos del jefe de Gabinete.

Propiedades y deudas en la mira judicial

Además de los activos intangibles, la Justicia se encuentra rastreando bienes físicos y movimientos migratorios. Entre las principales medidas en ejecución, se destaca el análisis exhaustivo de todos los vuelos internacionales realizados por el funcionario gubernamental y los integrantes de su núcleo familiar directo.

Paralelamente, la fiscalía investiga la adquisición de propiedades inmuebles que presuntamente no habrían sido asentadas de manera oportuna en los registros oficiales de bienes. Bajo sospecha directa se encuentran una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en la localidad de Exaltación de la Cruz, y un departamento situado en el barrio porteño de Caballito. A estas búsquedas se suma una auditoría rigurosa sobre el estado actual de las deudas del funcionario, las cuales registran valores financieros de una relevancia considerable que despiertan el interés del juzgado.

En los próximos días, el cruzamiento de los datos provistos por la CNV, la ANSES y los registros de la propiedad inmueble resultará fundamental para definir los próximos pasos procesales del funcionario nacional.