El Gobierno eliminó los subsidios al transporte para personas con discapacidad
La Secretaría de Transporte oficializó el fin de las compensaciones económicas a las empresas de micros de larga distancia, trasladándoles el costo total de los boletos especiales.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los subsidios destinados a compensar a las empresas de micros de larga distancia por otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con tratamientos oncológicos. A través de la Resolución 28/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte derogó el esquema de asistencia financiera estatal. De esta manera, el Poder Ejecutivo nacional delegó la responsabilidad económica total de estos beneficios sobre las compañías operadoras privadas, en el marco de la desregulación general del sector.
El fin del esquema de compensación estatal
La normativa suprimida establecía un mecanismo mediante el cual el Estado nacional cubría una parte del valor de los tickets emitidos sin cargo por las empresas interjurisdiccionales. Este beneficio amparaba históricamente a personas bajo la protección de la Ley de Discapacidad, ciudadanos inscriptos en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) y niños bajo tratamiento por cáncer.
En los considerandos de la nueva medida, la administración central argumentó que el sistema de subsidios previo respondía a un contexto de «emergencia» económica que ya no se justifica. Según el área de Transporte, la intervención estatal generaba distorsiones severas y limitaba la capacidad de las empresas para competir libremente en el mercado formal de larga distancia.
Argumentos oficiales basados en la desregulación
El Poder Ejecutivo justificó la firma de la resolución amparándose en el Decreto 883/2024, que dispuso la desregulación del transporte automotor interjurisdiccional de pasajeros. Desde la perspectiva oficial, dicha reforma modificó el paradigma del sector al introducir la plena libertad tarifaria, la simplificación de trámites normativos y el fomento de la competencia privada.
Bajo este nuevo escenario, las autoridades consideran que las firmas comerciales tienen ahora la facultad de fijar de manera autónoma sus precios, recorridos y frecuencias. Por lo tanto, el Gobierno sostiene que las compañías se encuentran en condiciones técnicas de internalizar los pasajes gratuitos dentro de su propia estructura de costos habituales, eliminando la necesidad de asistencia del Tesoro.
La vigencia de los derechos de los usuarios
Frente al impacto social de la medida, el texto oficial aclara de forma explícita que la obtención de los pasajes gratuitos sigue siendo un derecho vigente para los beneficiarios directos. Las obligaciones dispuestas por las leyes nacionales 22.431 (protección integral de las personas con discapacidad), 26.928 (sistema de protección para personas trasplantadas) y 27.674 (régimen de oncopediatría) continúan siendo exigibles ante las boleterías.
El comunicado oficial remarcó que la modificación se restringe exclusivamente al plano financiero entre el Estado nacional y los prestadores del servicio privado. Sin embargo, cámaras del sector ya manifestaron su preocupación por el impacto que tendrá absorber de forma directa el costo de estos traslados en las rutas menos rentables del país.
Controles de la CNRT para garantizar el cumplimiento
Con el objetivo de evitar que la falta de pago estatal derive en una negativa de las empresas a entregar los tickets gratuitos, la resolución encomienda una tarea estricta de supervisión a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Este organismo deberá mantener y profundizar los mecanismos de fiscalización tradicionales en las principales terminales del país.
Las empresas que omitan la entrega de los boletos obligatorios a los usuarios acreditados continuarán expuestas a las sanciones y multas vigentes en el marco regulatorio. Cabe destacar que la resolución contempla el reconocimiento y posterior liquidación de aquellas partidas de compensación económica que se hubieran devengado de forma correcta con anterioridad a la fecha de publicación oficial.
Incertidumbre en el sector empresarial y social
El cambio de normativa genera dudas entre las asociaciones civiles y los representantes del transporte de larga distancia. Mientras que el esquema de libre mercado busca reducir de forma drástica el gasto público, diversos analistas sectoriales advierten sobre posibles tensiones operativas si la demanda de pasajes gratuitos supera los márgenes de ganancia previstos por las transportistas en los meses de temporada alta.
La medida se inscribe en el plan de reformas económicas estructurales implementadas por la gestión presidencial. A partir de ahora, el cumplimiento efectivo de los traslados de salud y asistencia social dependerá de la salud financiera de las compañías privadas y de la rigurosidad con la que el Estado ejerza su rol de control en las terminales del país.
