Caso Guadalupe Lucero: piden investigar al abuelo por antecedentes

La investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña vista por última vez el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis, ha tomado un rumbo inesperado y sombrío. Tras la reciente imputación de su abuelo paterno, Roque Lucero, en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor con discapacidad, la querella y la familia materna han solicitado formalmente que la Justicia Federal lo investigue como sospechoso principal en la causa de la desaparición. El pedido surge tras el estallido de Yamila Cialone, madre de la pequeña, quien manifestó su indignación ante el ocultamiento de antecedentes que podrían haber sido clave desde el inicio de la búsqueda.

Un giro dramático en la búsqueda de Guadalupe

A casi cinco años de aquel frío lunes de junio en el que Guadalupe, de entonces 5 años, desapareció mientras jugaba frente a la casa de su tía en el Barrio 544 Viviendas, el entorno familiar vuelve a quedar bajo la lupa. La noticia de que Roque Lucero —padre de Eric Lucero y abuelo de la niña— enfrenta cargos por un delito sexual aberrante ha reactivado las sospechas sobre el círculo íntimo.

La querella del caso presentará este lunes una solicitud formal ante la Fiscalía Federal para que se realicen peritajes exhaustivos sobre el sospechoso. La prioridad absoluta de los investigadores será determinar el paradero de Roque Lucero el día de los hechos y realizar un rastreo de geolocalización de sus dispositivos móviles para verificar si su ubicación coincide con la zona donde se perdió el rastro de la menor.

El reclamo de una madre frente a la negligencia judicial

Yamila Cialone no ocultó su «impotencia» al enterarse de la situación procesal del abuelo de su hija. En declaraciones recientes, la mujer cargó contra la justicia provincial de San Luis por no haber alertado con anterioridad sobre los antecedentes o comportamientos del sospechoso. «Queremos saber dónde estuvo ese día, dónde daba su teléfono», sentenció Cialone, remarcando que el conocimiento temprano de estos perfiles criminales dentro del entorno familiar podría haber modificado el curso de la búsqueda inicial.

Por su parte, Silvia Domínguez, abuela materna de Guadalupe, describió la novedad como «un balde de agua fría». La familia materna cuestiona por qué la justicia provincial, que manejaba información sobre las conductas del imputado, no dio aviso inmediato a la Fiscalía Federal, que es la encargada de la causa nacional por la desaparición. Esta falta de coordinación entre fueros es vista por la familia como una falla sistémica que ha obstaculizado el acceso a la verdad.

Detalles de la imputación contra Roque Lucero

La causa que pesa sobre el abuelo paterno no es menor. Según reportes del medio local El Chorrillero, la imputación formal ocurrió el pasado 20 de abril, aunque los detalles trascendieron recientemente. La acusación se enmarca en una causa iniciada en noviembre de 2024 por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor con discapacidad.

A pesar de la gravedad del cargo, Roque Lucero permanece en libertad, situación que genera una alarma adicional en la comunidad y en la querella. El lunes 4 de mayo, los representantes legales de la madre de Guadalupe acudirán a la sede judicial para insistir en que esta «nueva» pista sea tratada con la rigurosidad que el caso demanda, entendiendo que los perfiles de ofensores sexuales suelen ser recurrentes y el acceso que el hombre tenía a la menor era directo.

Los interrogantes del 14 de junio de 2021

La desaparición de Guadalupe Lucero sigue siendo una de las deudas más grandes de la justicia argentina contemporánea. Aquella tarde, la niña jugaba con sus primos cuando, según los testimonios, una mujer vestida de negro se la habría llevado. Sin embargo, las múltiples líneas de investigación —que incluyeron desde trata de personas hasta ajustes de cuentas— nunca arrojaron resultados positivos.

Con la aparición de este antecedente del abuelo paterno, se reabre la hipótesis de que el captor o el responsable de la desaparición podría haber sido alguien con acceso irrestricto al círculo familiar, capaz de manipular la escena sin levantar sospechas inmediatas. La fiscalía deberá ahora cruzar los datos de las antenas telefónicas de aquel 2021 con los movimientos reportados por Lucero, algo que la familia exige se realice con «celeridad extrema».

Hacia una coordinación judicial necesaria

Este caso pone de manifiesto, una vez más, las grietas en el sistema judicial argentino cuando se trata de la desaparición de menores. La falta de comunicación entre la justicia ordinaria y la federal ha sido, en este caso, el factor que permitió que un hombre con conductas sospechosas pasara desapercibido durante años en el expediente principal de Guadalupe.

El cierre de esta nueva etapa dependerá de la voluntad de los fiscales federales para tomar este indicio no como una causa aislada, sino como una pieza potencialmente central de un rompecabezas que lleva demasiado tiempo incompleto. Mientras tanto, el rostro de Guadalupe sigue presente en las paredes de San Luis, esperando una respuesta que la desidia institucional ha postergado por años.