Identidades en venta: detectan 27 redes de comercio ilegal de datos en el país
Una investigación de la ONG Derechos Digitales reveló la existencia de mercados automatizados en Telegram que operan en Argentina, Brasil y Perú. El sistema utiliza bots para filtrar información sensible de organismos públicos.
El derecho a la privacidad y la seguridad digital en América Latina atraviesa una crisis de escala transfronteriza. Una reciente investigación de la ONG Derechos Digitales identificó la operación activa de 27 grupos y canales dedicados exclusivamente a la comercialización de información personal sensible. El estudio, titulado «Identidades en venta», pone el foco en cómo la automatización mediante bots y la falta de controles en plataformas de mensajería han facilitado el acceso masivo a bases de datos que, en teoría, deberían ser custodiadas por el Estado.
El mecanismo del mercado negro digital
La operatoria detectada por los analistas técnicos combina la agilidad de los bots de Telegram con la masividad de los pagos digitales. El modelo de negocios es híbrido: los usuarios pueden realizar consultas gratuitas limitadas para verificar la «calidad» de la información y luego deben pagar para obtener el acceso completo a los reportes.
Lo más alarmante del hallazgo es el origen de los datos. El análisis técnico detectó coincidencias en estructuras y nomenclaturas que son propias de registros institucionales y organismos públicos. Esto sugiere que el mercado ilegal no se nutre solo de hackeos aislados, sino de vulnerabilidades estructurales en la gestión de la información estatal o filtraciones masivas de bases de datos oficiales.
Un riesgo diferenciado por país y población
La investigación, desarrollada entre octubre de 2024 y febrero de 2026, documentó casos específicos que demuestran la profundidad del problema:
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En Brasil: Los bots entregan fichas laborales detalladas, antecedentes financieros y registros de beneficios sociales, replicando exactamente los campos de los sistemas oficiales.
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En Perú: Se constató la venta de documentos de identidad que incluyen fotografía, firma manuscrita y huellas dactilares, herramientas críticas para la suplantación de identidad y estafas bancarias.
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En Argentina: La circulación de datos personales asociados a números de documento y teléfonos alimenta una cadena de extorsiones y hostigamiento digital.
El informe advierte que la exposición de estos datos no afecta a todos por igual. Los grupos más vulnerables, como mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQA+, enfrentan riesgos acrecentados de violencia de género digital, acoso y persecución, facilitados por la precisión de la información geográfica y personal disponible en estos canales.
La deuda institucional en ciberseguridad
Rafael Bonifaz, líder del Programa Latinoamericano para la Resiliencia y Defensa Digital, enfatizó que la recolección de datos por parte de los Estados para proveer servicios conlleva una responsabilidad que hoy no se está cumpliendo. «Evidenciamos los desafíos que existen y lo accesible que puede llegar a ser esta información en plataformas como Telegram», señaló.
El documento señala tres problemas estructurales en la región:
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Vacíos regulatorios: Dificultad para aplicar leyes de protección de datos en el sector público.
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Falta de autonomía: Las autoridades de control carecen de recursos y poder de sanción efectivo.
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Debilidad técnica: Prácticas institucionales de seguridad obsoletas frente a la sofisticación de los cibercriminales.
Recomendaciones y próximos pasos
Para frenar este avance, la ONG propone fortalecer la gobernanza de los datos públicos y exigir una mayor responsabilidad a las plataformas digitales (como Telegram) frente a la circulación de contenido ilícito. Además, insta a incorporar enfoques de género y niñez en las políticas de ciberseguridad, entendiendo que la filtración de un domicilio o un teléfono puede tener consecuencias físicas reales para estas poblaciones.
La investigación completa ya se encuentra disponible para su consulta pública, sirviendo como una hoja de ruta necesaria para legisladores y organismos de control en un contexto donde la identidad digital parece estar a solo un clic de distancia de la delincuencia.
